PSC: una reacción insustancial

Resulta cómico que la dirigencia del Partido Social Cristiano (PSC) opte por la prudencia institucional, precisamente cuando uno de sus más sagaces operadores, el exasambleísta Pablo Muentes, fue acusado por la Fiscalía por haber extorsionado a las instituciones.

Luego del operativo montado alrededor del caso Purga y de las primeras revelaciones de la fiscal Diana Salazar, el señor Muentes, muy entroncado en la alta cúpula socialcristiana (también ha sido funcional al correísmo y los Bucaram), habría montado una red de corrupción judicial para beneficiar al crimen organizado y, claro, sus intereses personales.

El PSC, golpeado en alta intensidad, optó por difundir un mensaje público muy al estilo de las democracias europeas que, más o menos, señala lo siguiente: esperarán a que se precisen las pruebas bajo el concepto de que nadie está fuera de la ley.

Seguramente, cuando el agua se le suba a Muentes, más arriba del cuello, el socialcristianismo le abandonará institucionalmente, en un pretendido sentido de purga personal. Y, pasado ese bache, tratarán de seguir la vida como si nada. Claro, todo este protocolo de limpieza de imagen funcionará mientras Muentes no hable demás y embarre a otros.

En lo de fondo, quizás no haya que esperar mucho de esa organización política.

¿Nadie en el PSC intuía siquiera sobre la exigencia de esta proterva vacuna? ¿No se supone que en Guayas, no hay hoja que no se mueva sin que el nebotismo no lo sepa? ¿Y el afamado comité de disciplina del partido?

Por lo visto, en este caso, como en el enredado informe de reformas penales para garantizar la revisión de los juicios de Rafael Correa, el PSC espera que otros investiguen y denuncien para recién tomar una postura democrática apegada en derecho.

Lo mismo ocurrió en plena pandemia, cuando en la prefectura de Carlos Luis Morales se destaparon escándalos de corrupción que lo llevaron a la muerte.

Igual que con las denuncias contra la gestión de Cynthia Viteri, por ejemplo, en la venta de terrenos en la zona del nuevo aeropuerto.

Silencio absoluto.

Lo distinto a esos casos es que ahora, se le viene un problema mucho más grave porque es de fondo. Desde que estalló la crisis de inseguridad, el PSC ha sido de los sectores más firmes con la idea de que los gobiernos apliquen mano dura contra los delincuentes.

Pero, oh sorpresa, tenían un operador político, protegido por la cúpula (al menos así dejaron constancia en los comunicados que llevaban el logo de La 6) que corrompía a la justicia para beneficiar a los mafiosos, culpables del terror que azota al país.

Demasiadas explicaciones debe el PSC al país. Por ejemplo, cómo justificar la pervivencia de un acuerdo parlamentario, como el que cobija a Nebot, Correa a Daniel Noboa, y hasta parece que también a los Bucaram, sin insistir en la palabra impunidad.