ADN y el Gobierno impulsan una nueva reforma al COIP en Ecuador, a 17 meses de la anterior

Después de que la asambleísta del oficialismo Diana Jácome presentara un proyecto para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ministros como John Reimberg y Nataly Morillo, expresaron su apoyo en redes sociales. La propuesta plantea la imprescriptibilidad tanto en la acción como en la pena en los delitos de terrorismo y su financiación, y de delincuencia organizada.

Morillo señaló en redes sociales que se debe "perseguir a este tipo de delincuentes hasta que paguen las atrocidades que cometen y no se escuden en las bondades del tiempo". Algo similar comentó Reimberg en una entrevista radial la mañana del martes 16 de diciembre de 2025.

Respaldó la reforma planteada y dijo que "la justicia necesita una gran jalada de orejas ya que el Gobierno y la Policía hacen su trabajo, pero la justicia no lo hace". Además señaló que se deben endurecer las penas privativas.

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Actualmente, solo los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales y delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean menores de edad, no prescriben. Es decir, pueden ser juzgado varios años después de su cometimiento. Esto de acuerdo al numeral 3 del artículo 16 del COIP.

¿Pero son nuevas las intensiones de reformar el COIP? La propuesta de la asambleísta Jácome no ha sido el único intento del oficialismo por reformar la ley penal entre el año pasado y lo que va de 2025. De hecho, con la consulta popular de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa aprobó un paquete de reformas al Código Penal.

Con ello, se dio paso al aumento de penas privativas en 12 delitos como robo, terrorismo, sicariato, delincuencia organizada, tráfico y producción de drogas. Los incrementos más significativos fueron de 16 y 17 años en los casos de financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada.

Sin embargo, hay otras propuestas que no han sido aprobadas. En agosto de 2025, se dejó sin votar en segundo debate una reforma que también incluía la imprescriptibilidad otros delitos como femicidio, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos.

Para noviembre, se preparaba un informe para segundo debate en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Se planteó reformas al COIP en materia de tránsito para recategorizar las contravenciones, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados del país.

Según información en la web del Legislativo, hasta junio de 2025 la Comisión de Justicia había conocido 12 proyectos de reformas al Código Penal, que se unificaron con los 60 ya en revisión para primer debate. Entre otros aspectos, según la nota de prensa, abordaban temas como la caducidad de la prisión preventiva, ciberterrorismo, sabotaje informático, suplantación de identidad digital, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, obstrucción a la justicia y duración de las audiencias.

Otras reformas significativas al COIP fueron en 2023. Ese año se creó como nuevo delito el reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, con una sanción de 10 a 13 años de prisión. Así mismo, se endurecieron penas relacionadas al crimen organizado y terrorismo.

Por ejemplo, la extorsión pasó de una pena privativa de tres a cinco años, a 10 años. Algo similar con los robos, prevaricato, delincuencia organizada y terrorismo.

El 2021 fue otro año con cambios significativos en materia penal. Hubo una reforma de 25 artículos: ocho crearon nuevos contenidos en la Ley y 17 modificaban el texto. Además se crearon nuevos delitos como obstrucción a la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.

En esa misma reforma, se aumentó la pena para los casos de cohecho y se cambió el tipo penal del delito de peculado. Se crearon atenuantes para una sentencia en contra de una persona jurídica como haber colaborado con la investigación. También un artículo sobre el deber ciudadano de denunciar casos de corrupción.

¿Son buenos tantas reformas al COIP? Abogados cuestionan ausencia de cambios integrales

El actual Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en 2014. Es decir, tiene 11 años y ha sufrido una serie de modificaciones, al menos una por año, puntualizó el abogado penalista Julio César Cueva, quien además se refirió que tantas reformas no son buenas por el tema de seguridad jurídica.

Según Cueva, los cambios suelen promoverse "cada vez que hay un escándalo en redes sociales". Agregó que las entidades involucradas en el sector de la Justicia deberían reunirse y plantear una reforma integral al sistema que no solo es el COIP, sino también el Código Orgánico General de Procesos, código de la Función Judicial, entre otros.

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Cueva agregó además que la propuesta de reforma -en cuanto a la idea, es buena- pero debe ser tratado vía constitucional. Explicó que ese tipo de cambios en la legislación deben ser tratados vía enmienda o reforma constitucional.

Añadió que existe un antecedente en Ecuador, en 2021, cuando el entonces presidente Lenín Moreno propuso las reformas relacionadas a los delitos sexuales contra menores. "La Corte Constitucional avaló el tema, tuvo que haber una vía constitucional que fue aprobada en las urnas", dijo.

Algo similar comentó el abogado Nino Cassanello. Él explicó que hay una alta probabilidad de que si se aprobara, alguien exponga una conculcación de derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y que se podría violar derechos constitucionales. Esto porque ya la Constitución en su artículo 80 describe qué delitos no prescriben.

Señaló que se debe tomar en cuenta lo que diga la Corte Constitucional, si es que considera o no una extrapolación de la capacidad del legislador, que tiene primero que pasar por un proceso de enmienda. "No creo que tenga mucho futuro, más allá de posicionar una idea de que se necesitan leyes más fuertes", expresó.

Cassanello comentó además, que las leyes no son retroactivas y en caso de aprobarse la reforma, sería a partir de casos nuevos. El experto explicó que un delito imprescriptible no da mayor tasas de sentencias.

Para él, delitos imprescriptibles dejan de ser prioridad "porque hay tiempo y se siente que tiene el resto de la vida para llevarlos adelante". Esto pese a que por el paso de los años, dijo, se mueren testigos, peritos, se pierde documentación, etc.

Por ahora, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe conocer y calificar la propuesta de reforma. En caso de validarla, se enviaría a una comisión para que inicie el trámite y se elabore un informe para debate.

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