Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria en su última fecha en Puerto Rico

El propietario de la estructura original acusa al cantante de replicar La Casita con fines comerciales sin su autorización y demanda USD 6 millones.
La demanda asciende a USD 6 millones. ()
19 sep 2025 , 13:02
Kenneth Triviño

Bad Bunny se encuentra en medio de un conflicto legal por el uso de La Casita, la famosa estructura VIP de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en Puerto Rico, que se ha convertido en un ícono de sus conciertos y en un punto turístico para sus fanáticos.

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El demandante es Román Carrasco Delgado, de 84 años, propietario de la construcción original ubicada en Humacao. Según la demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Bad Bunny y su equipo habrían replicado la estructura para fines comerciales y promocionales sin el consentimiento de Carrasco.

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El denunciante asegura que solo había autorizado la filmación de un cortometraje y que el pago recibido por ello fue de USD 5 200, monto que considera insuficiente frente al uso que se le dio a su propiedad:

“La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general” afirma la demanda.

La demanda ahora asciende a USD 6 millones, alegando enriquecimiento indebido y daños emocionales, ya que la casa se volvió un lugar de interés para los fans, quienes constantemente toman fotos y visitan la propiedad, afectando la tranquilidad de Carrasco.

El conflicto surge en pleno cierre de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que incluyó 31 conciertos y que contó con la presencia de celebridades y miles de fanáticos.

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Román Carrasco alega que fue engañado para firmar digitalmente contratos que no entendía, ya que no sabe leer ni escribir, y que nunca recibió detalles claros sobre el uso de su casa en el video, según declaró a Associated Press:

“Dichos funcionarios transfirieron digitalmente, y de manera fraudulenta, la referida firma a dos contratos distintos. De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad”, afirma la demanda.

Hasta el momento, ni el cantante ni las compañías relacionadas —Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions— han emitido comentarios oficiales sobre la demanda.

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