
El notario Camilo Orlando S. Z.; uno de sus colaboradores, José Iván C. Z., y el supuesto propietario de una empresa, Richard Paúl C. T., enfrentan un proceso penal por falsificación y uso doloso de documento falso. El 17 de octubre, Fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria Escobar, formuló cargos en su contra.
Según lo expuesto por la Fiscal, este proceso se deriva de un control disciplinario iniciado por el Consejo de la Judicatura para el notario Camilo Orlando S. Z., motivo por el cual Fiscalía abrió una investigación previa en enero de 2024.
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El caso entre enero y agosto de 2022, en la Notaría No. 19 del cantón Quito, donde se protocolarizaron 32 escrituras públicas en las que, en su parte final, se señaló que habrían sido elaboradas por una abogada.
Al enterarse de que su nombre constaba en dichos documentos, la profesional del derecho presentó una denuncia ante el ámbito de Control Disciplinario de la Judicatura, explicando que las minutas no fueron elaboradas ni firmadas por ella.
Esta alerta, agregó la Fiscal, motivó a que la Coordinación de Control Disciplinario solicitara al notario, Camilo Orlando C. Z., justificaciones respecto a estas supuestas inconsistencias. Él remitió impresiones de las minutas, sin firma, presuntamente enviadas desde los correos de una empresa que sería de propiedad de Richard Paúl C. T.
El Consejo de la Judicatura insistió en su requerimiento, subrayando en un supuesto incumplimiento del artículo 19 de la Ley Notarial, que establece la obligación de que las minutas deben contar con la firma de un profesional del derecho.
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Camilo Orlando C. Z. emitió un segundo informe en el que habría adjuntado copias físicas de minutas, presuntamente firmadas por otra abogada; sin embargo, la Judicatura detectó aparentes irregularidades en el procedimiento notarial y dispuso la apertura de un sumario administrativo contra el notario.
En la audiencia, la Fiscalía se refirió a la versión que rindió la abogada, en la que aseguró que no conoce al notario Camilo Orlando C. Z. y que José Iván C. Z., mecanizador de la Notaría No. 19, fue quien le habría pedido y proporcionado los insumos para elaborar y firmar las 32 minutas, a cambio de USD 30 por cada una.
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Por estos supuestos actos irregulares, la Fiscal Provincial de Pichincha inició instrucción fiscal de 90 días contra los tres procesados, quienes, por orden judicial, tienen prohibición de salida del país y la obligación de presentarse una vez por semana ante el juzgado que conoce la causa.
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