Seis personas irán a prisión por el delito de secuestro extorsivo en Quito

Seis personas irán a prisión tras ser sentenciadas como coautores y cómplices de secuestro extorsivo. El delito se cometió en Quito, en septiembre de 2024, contra un padre y su hijo.

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 5), demostró que el 3 de septiembre de 2024, padre e hijo viajaron desde El Inca, en el norte de Quito, hasta Pifo. Allí iban a concretar la compra de un vehículo de alta gama que se ofertaba en Marketplace, en un perfil falso de Naomy Betancour.

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Al llegar a Pifo, los supuestos vendedores les enviaron una ubicación vía WhatsApp. Ambos se trasladaron al lugar, pero no encontraron a nadie, por lo que decidieron retirarse.

De inmediato fueron interceptados por un vehículo negro del que bajaron cinco personas armadas. Cuatro de ellas se subieron al auto de las víctimas, les cubrieron la cabeza con mascarillas y sábanas, les golpearon y les trasladaron a una vivienda.

Según su versión, durante la noche y madrugada, las víctimas fueron sometidas a constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. Uno de ellos relató que permanecieron en un espacio cóncavo, custodiados por personas que bebían licor y consumían drogas. En el momento en el que le dieron agua, pudo ver a sus captores y reconocerlos.

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Los secuestradores lograron retirar USD 500 de las cuentas bancarias de las víctimas y obligaron al padre a hablar por teléfono con una persona, a quien le dio indicaciones para hacer transferencias a diversas cuentas. Él contó que le amenazaron con matar a su hijo si no lo hacía.

En la mañana del 4 de septiembre, trasladaron a la víctima a una entidad bancaria. Uno de los captores, Jhordin Javier Ch. Ch. ‒con terno negro y buzo para no levantar sospechas‒, la acompañó al banco, donde hizo tres transferencias por un total de USD 12 000.

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Una vez confirmadas las transacciones, Jordy Javier Ch. Ch. y otro de los implicados, regresaron a la vivienda donde permanecía el joven secuestrado. La Policía Nacional, que había estado siguiendo sus movimientos, ingresó al inmueble, rescató al hijo y aprehendió a los secuestradores.

La víctima, al enterarse de que su hijo había sido liberado, solicitó la anulación de las transferencias efectuadas.

Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso dispuso las siguientes penas:

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Además, los condenados deberán pagar una multa de 300 salarios básicos unificados (coautores) y 150 salarios básicos unificados (cómplices). Como reparación integral, se fijó una indemnización de USD 24 000 a favor de las víctimas.