La Policía intentaría separar al agente Rodney Rengel, según abogado que lo representa

La Policía Nacional intenta separar de la institución al teniente Rodney Rengel, uno de los agentes que investigó el caso León de Troya, porque no se ha presentado a trabajar en el lugar donde fue asignado. Según Stalin Raza, abogado del uniformado, nunca existió una notificación oficial con respecto al traslado del gendarme.

En conversación con Ecuavisa.com, Raza confirmó que este lunes 11 de diciembre, en una audiencia en Quito, se les aviso de forma oral sobre la baja del policía, no obstante, esperan que el aviso llegue por escrito para apelar la decisión ante el Ministerio del Interior.

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La Policía sostiene que Rengel no acudió a las instalaciones del ECU 911, donde debía presentarse a laborar, tras haber sido movido desde la parroquia Calderón, en la capital. El jurista explica que, luego que se abrió un sumario disciplinario contra su cliente, en octubre pasado, se enteraron del traslado.

El uniformado está fuera del país. Desde septiembre su estatus en la institución es el de "suspendido sin sueldo". En octubre, la Policía Nacional ya había informado que el agente se encontraba "en condición de ausencia injustificada"

Rengel fue uno de los policías que indagó el caso León de Troya, donde aparecen señalados Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso, y su amigo Rubén Cherres (+). El uniformado aseveró que la mafia albanesa llegó a financiar la campaña electoral del exjefe de Estado, en 2021.

Rengel incluso afirmó que fue esa organización delictiva la que supuestamente pidió colocar a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura en el Gobierno de Lasso para que facilitase el incremento de cupos de exportaciones agrícolas como el banano, cuyos envíos al exterior sirven comúnmente de tapadera al narcotráfico para contaminar con cargamentos de cocaína contenedores con destino a Europa y Norteamérica.

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El teniente, quien en octubre pasado anunció que pasaba a la clandestinidad al aducir nuevas amenazas tras haber solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que el fiscal a cargo del caso dijo en una reunión que la fiscal general, Diana Salazar, fue quien ordenó archivar el proceso por la trascendencia de los investigados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha señalado que las declaraciones del teniente "son falsas".