Nueve militares de la FAE fueron sentenciados por el sabotaje del radar de Montecristi

Nueve miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron sentenciados a nueve años y tres meses de cárcel, al declararlos culpables del delito de sabotaje, en grado de participación por omisión, por la destrucción del radar ubicado en el cerro Montecristi, en noviembre de 2021.

La sentencia fue impuesta en contra de Edison G., Álex C., Jesús Z., Ítalo S., Cristhian C., Kleber Ch., Cristhian A., Fernando M. y Brayan Ch., quienes, el día de los hechos, estaban a cargo del patrullaje y la custodia del equipo de vigilancia que fue destruido.

En la sentencia escrita se detallarán los montos correspondientes a las multas y reparación integral que deberán cubrir cada uno de los sentenciados en este caso.

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Todo ocurrió el 7 de noviembre de 2021, cuando una explosión destruyó el radar –recientemente instalado– en el cerro Montecristi (Manabí), destinado a la vigilancia de posibles aeronaves no autorizadas en la zona.

Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal encargado de las investigaciones presentó 60 pruebas testimoniales y un número similar de pruebas documentales. Por jemplo, 20 pericias desarrolladas durante la indagación, que incluyeron dos Asistencias Penales Internacionales: una con Estados Unidos y otra con el Reino de España.

Los análisis confirmaron el uso de explosivos de alto poder, como PETN, RDX y TNT. Provocaron la destrucción total del aparato y los estudios descartaron la hipótesis de una falla mecánica. El reporte añade que este tipo de explosivos es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, requiere un manejo especializado y posee una alta capacidad destructiva, dejando escaso rastro tras su detonación.

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El informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la FAE determinó que la destrucción del sistema de vigilancia no pudo ser consecuencia de una falla mecánica o electrónica.

También se incorporaron informes de la empresa fabricante del radar, que ratificaron los resultados de los peritajes, además de documentación que establece que el área donde se encontraba el equipo había sido declarada zona estratégica para la seguridad nacional.

En este proceso, diez personas fueron llamadas a juicio; sin embargo, uno de los implicados falleció, por lo que se extinguió la acción penal en su contra.

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