Cientos de funcionarios judiciales, amenazados por el crimen, regresaron a sus despachos sin resguardo policial

El Consejo de la Judicatura levantó a inicios de esta semana la medida que enviaba a teletrabajo a 150 funcionarios judiciales de la provincia de Guayas que fueron víctimas de ataque o de amenazas del crimen organizado.

Por ello, trabajadores como jueces penales de garantías penitenciarias y de adolescentes infractores tuvieron que regresar a sus despachos, sin algún otra disposición para precautelar su seguridad.

Esto ocurre debido a que la asignación ofrecida para que policías brinden resguardo a los jueces y a las 27 unidades en las que laboran, no se concreta.

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"Existe una falta de interés, tanto del Consejo de la Judicatura y el Gobierno nacional", dice Heidy Borja, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces.

"Nadie se va a convertir en un mártir cuando el crimen organizado te amenace o esté atentado contra tu vida o tus familiares", agrega.

Hace exactamente un mes, incluso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dirigió una carta al ministro del interior, Juan Zapata, solicitando seguridad permanente para ocho magistrados de la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha.

"Se han realizados ya las entrevistas y el proceso para medir el riesgo, y esperamos que lo más pronto posible se pueda otorgar seguridad", dice Saquicela.

La policía, por su parte, afirma que existen 56 dispositivos de seguridad con 92 agentes que dan protección a dichos funcionarios, con alerta de riesgo a su integridad. En ese grupo están los 14 jueces anticorrupción y algunos penales de Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

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Sin embargo, a los uniformados que los acompañan no se les asigna hospedaje, ni viáticos. Esos gastos, en la mayoría de casos, son cubiertos por los mismos magistrados.

"No es que la Policía dice 'tienes un monto por viático para que puedas realizar el acompañamiento de ese funcionario judicial sujeto a protección'. El policía debe ver como realiza su trabajo designado para proteger esa vida", señala Borja.

Ante el estado de indefensión en que afirman estar, el gremio ya cotiza la compra de chalecos antibalas valorados en 800 dólares para los funcionarios, y blindaje para sus vehículos, cuyo costo asciende a 14 mil dólares para cada automotor.