La sentencia contra Jezdimir Srdan, al borde de la nulidad

La sentencia de 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan y otras tres personas corre el riesgo de no ejecutarse debido a la desintegración del tribunal que conoció el caso. Decisiones adoptadas por el Consejo de la Judicatura han favorecido este cuestionable desenlace, en un proceso marcado por denuncias de presiones y maniobras judiciales.

El caso se remonta al fallo emitido contra Srdan, en el que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció haber recibido amenazas y presiones para favorecer al procesado. Sin embargo, una serie de actuaciones posteriores provocaron que el tribunal de juzgamiento quedara incompleto, poniendo en riesgo la validez de la condena, que hasta ahora solo fue anunciada de forma oral.

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La primera baja se produjo con la suspensión del juez Christian Fierro. El 2 de diciembre, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, presentó una denuncia en su contra por una supuesta demora en el trámite del caso Triple A, en el que se procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Apenas dos días después, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció la causa disciplinaria y resolvió suspenderlo por 90 días.

La sanción se aplicó con base en una norma que castiga las demoras, pero que, según especialistas, no está dirigida a jueces, sino a secretarios y otros funcionarios judiciales. En este caso, no obstante, sí se utilizó contra un magistrado. Para la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, se trató de una aplicación abusiva de la normativa. “Abusando del derecho, acuden a una norma que solo se les aplica a secretarios y otros funcionarios, como ayudantes judiciales, no a jueces”, señaló.

A la suspensión de Fierro se sumó la renuncia presentada el 4 de diciembre por el juez Carlos Serrano. Aunque esta no fue aceptada formalmente, el magistrado salió del país por motivos de seguridad. Con la separación de dos de los tres jueces que conformaban el tribunal, la sentencia contra Srdan quedó en una situación crítica, ya que nunca se emitió por escrito.

Según Goyes, la ausencia de una sentencia escrita puede acarrear la nulidad de la condena y de la disposición de comiso de los bienes del procesado. “El hecho de que no exista sentencia por escrito va a acarrear, en el futuro, la nulidad de la condena y de esa disposición del comiso de los bienes de este señor vinculado con el narcotráfico”, advirtió.

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En la causa por lavado de activos solo permanece la jueza Gabriela Lara, quien emitió un voto salvado a favor de declarar inocente al narcotraficante. Lara, además, ha sido vinculada al denominado caso Fachada, en el que presuntamente favoreció a dos hijos del cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera. La jueza fue suspendida el 11 de junio, pero regresó a sus funciones tres meses después.

La combinación de estas decisiones y movimientos judiciales deja en suspenso una de las sentencias más sensibles contra el narcotráfico, mientras crecen los cuestionamientos sobre el rol del Consejo de la Judicatura y la estabilidad de los procesos en casos de alto perfil.