Dos sentenciados por terrorismo en Guayaquil pasarán 10 años en la cárcel, aunque las nuevas penas ahora van de 16 a 26 años

Dos procesados por terrorismo en Guayaquil fueron condenados a 10 años de prisión, la pena mínima contemplada antes de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que desde el pasado 30 de abril endureció las penas para este tipo de delitos.

Los sentenciados son Jorge Alberto S. A. y Harol Elías C. M., quienes detonaron un carro bomba cerca de una Unidad de Vigilancia Comunitaria Policial, (UVC), en la ciudadela Florida, al norte de Guayaquil.

La explosión, sucedida la madrugada del 29 de mayo de 2022, destruyó un taxi y afectó un patrullero policial. Para esa fecha aún no se habían endurecido las penas contra el terrorismo.

La Fiscalía procesó este caso fundamentándose en lo que disponía el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que antes sancionaba el delito de terrorismo con prisión solo de 10 a 13 años de cárcel.

Pero desde el 30 de abril entró en vigencia una reforma a ese artículo y las nuevas condenas -para los delitos de terrorismo cometidos desde esa fecha- van ahora de 16 a 26 años de prisión, dependiendo de la gravedad.

Sin embargo, como la Ley no es retroactiva, los procesados por el choche bomba en la UVC de la Florida Norte fueron proecesados con la anterior legislación penal y no con la nueva.

El incremento de la pena por el delito de terrorismo entró en vigencia

Entre las principales pruebas que presentó Fiscalía están el informe investigativo, los partes de aprehensión, los informes de audios y videos, que guardan relación con la extracción de información a teléfonos celulares de uno de los procesados (que incluía conversaciones de chats), los testimonios de los agentes aprehensores e investigadores.

También se expusieron el peritaje post explosión, el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe de evidencias recolectadas tras el suceso.

La investigación determinó que los ahora sentenciados serían presuntamente integrantes de un grupo delictivo y que la detonación del automotor habría sido una represalia contra ciudadanos y agentes policiales del sector, por acciones realizadas en favor de la comunidad.

La multa y la reparación integral impuesta a los procesados se conocerán una vez notificada la sentencia por escrito a las partes procesales, informó la Fiscalía en un comunicado.