04 ene 2024 , 19:54

Consulta popular 2024: Gobierno plantea enfrentar problemas de seguridad con una reforma migratoria

El gobierno actual critica que la ley actual tiene varios trámites para inadmitir o rechazar el ingreso de un extranjero. Esta situación la plantea cambiar con la pregunta 10 de la consulta popular.

El gobierno de Daniel Noboa prevé enfrentar parte de los problemas de inseguridad con una reforma migratoria.

En la pregunta 10 de la consulta popular propone cambios en los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros.

Si gana, el presidente de la República remitirá a la Asamblea un proyecto de reformas a la ley de movilidad humana, para que sea aprobada en dos meses.

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Sobre el proceso de inadmisión o rechazo de ingreso de un extranjero, el Ejecutivo cuestiona la cantidad de trámites. La ley establece informes, audiencias y resoluciones en 24 horas, de lo contrario, el ciudadano inadmitido, incluso identificado como amenaza, terminará ingresando al país.

La deportación está dirigida a extranjeros cuyo ingreso no fue autorizado, que representan una amenaza para la seguridad pública o con una condena ejecutoriada.

Imagen de migrantes cruzando el paso de San Miguel (Sucumbíos) en Ecuador.
Imagen de migrantes cruzando el paso de San Miguel (Sucumbíos) en Ecuador. ( )

Una de las dificultades para deportarlo es que no se permite su retención porque no existen zonas de tránsito migratorio. Además de la cantidad de requisitos que van desde obtener el documento de identidad y pasajes aéreos del deportado.

Entre 2022 y 2023, de 31 procesos de deportación solo se ejecutaron 5. En cuanto al proceso de expulsión, se realiza solo por resolución judicial después de cumplir una sentencia mayor a 5 años de cárcel, con imposibilidad de retorno de 10 años.

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Según el último censo penitenciario hay 3 200 extranjeros en las cárceles. Es decir, el 9.8 % de presos. La mayoría son de nacionalidad colombiana, venezolana y peruana. El gobierno busca cambios para expulsar de manera más eficiente a personas con alto índice de riesgo.

Ve como un desafío para la capacidad de las cárceles y seguridad ciudadana la prohibición de expulsión para los extranjeros con sentencia ejecutoriada, casados o en unión de hecho con ecuatorianos o con hijos ecuatorianos.

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