Caso Las Malvinas: juez ordenó que Fiscalía investigue a un abogado de los militares

Un abogado de dos de los 17 militares que son procesados por el delito de desaparición forzada, dentro del caso Las Malvinas, será investigado por la Fiscalía General porque habría presentado un certificado médico falso.

El defensor de los uniformados había presentado ese documento con la finalidad que se suspenda por cuarta vez la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, señalando que un médico del IESS había señalado que padecía de bronquitis aguda.

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Sin embargo, durante la audiencia se informó que dicho certificado podría no ser auténtico, según información de la propia institución.

Por este motivo, el juez Dennis Ugalde dispuso remitir la información a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de un delito de fraude procesal, falsificación y uso de documento falso, o falsedad de certificados médicos.

Además el magistrado negó la petición de diferimiento, solicitando a la Defensoría Pública asumir el patrocinio de los procesados sin abogado.

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Finalmente, Ugalde suspendió la audiencia horas después para que los abogados se puedan preparar y para que la Fiscalía pueda entregar información solicitada por los militares y también escuchar versiones más amplias que algunos procesados aseguraron que deseaban dar.

La diligencia se reaunudará el 16 de septiembre, pero abogados de otros militares ya presentaron escritos para que se dilate de nuevo.

Tanto desde el Comité Permanente de Derechos Humanos, que actúa como acusador particular de la familia de los niños asesinados, el fiscal y el juez han señalado que hay maniobras para demorar el proceso, ya que la prisión preventiva de los soldados caduca en diciembre.

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Los militares detuvieron de manera irregular la noche del 8 de diciembre de 2024 a Ismael y Josué Arroyo, de 14 y 15 años, y sus amigos Nehemías Arboleda de 15 años y Steven Medina de 11 años en el sur de Guayaquil.

Los llevaron a los menores a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde aseguran que los dejaron en libertad.

Los restos de sus cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre en un sector rural cercano y su identificación se produjo el 31 de diciembre.