Caso Gabela: La Defensoría del Pueblo considera que la teoría del perito Meza no tiene sustento

La Defensoría del Pueblo envió 16 observaciones de contenido y cuatro metodológicas al tercer informe del Caso Gabela, presentado por el perito Roberto Meza el pasado 11 de julio. En la fecha límite para emitir sus comentarios, la institución informó, entre otras cosas, que el documento no tiene un hilo conductor.

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También se observó que las hipótesis del caso debían basarse en la teoría del delito expuesta por Meza, que apunta a que Rodrigo Bohórquez y a Alonso Espinosa, exgenerales de la FAE, tendrían motivaciones personales y económicas claras para ser los posibles autores intelectuales del asesinato. Sin embargo, el perito estableció otras dos posibles motivaciones sobre el asesinato:

“Este planteamiento no tiene sustento o mayor análisis técnico con relación a las motivaciones personales-profesionales y económicas y que, además, se expresen en un diagrama de relaciones”, dijo al respecto la Defensoría.

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La institución determinó que el informe deja afuera a varios involucrados en el caso. Estos son:

Los nombres de los funcionarios del Ministerio del Interior son fundamentales, pues en la computadora de Meza se encontraban los resultados del polígrafo de los implicados. Estos desaparecieron y, en la reconstrucción del tercer informe, el perito únicamente se basó en los resultados que recordaba; una decisión que la Defensoría no considera adecuada.

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En el informe presentado en julio de 2023 por Meza consta que alias ‘Cojo’, uno de los implicados, dijo que alias ‘Francis’, quien sería el autor material del asesinato, le dijo que un General de la FAE le pagó por matar a Gabela. Alias ‘Cojo’ y otros implicados fueron sometidos al polígrafo en 2013, y estos son los resultados que no aparecen, pero que fueron sustento del perito Meza.

Ahora, el perito cuenta con 30 días para resolver las observaciones y dudas determinadas por la Defensoría del Pueblo y Patricia Ochoa, viuda de Gabela.

Roberto Meza es un perito argentino que fue contratado por el Gobierno actual para que reconstruya el tercer informe del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, en diciembre de 2010.

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El perito recibió un pago de USD 380 000 para rearmar el documento que ya se entregó en 2013, pero que se extravió y fue alterado mientras estaba bajo custodia del Ministerio de Justicia.