Caso Triple A | El alcalde de Guayaquil solicita diferimiento de audiencia porque su abogado tiene hemorroides

Ni el alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, ni su defensa se presentaron este miércoles 5 de marzo en la audiencia de vinculación del caso Triple A, convocada a las 10:00 de manera telemática. La Fiscalía General del Estado (FGE) había solicitado esta diligencia para vincular a 10 personas a esta investigación,

El mismo alcalde, quien desde este 4 de marzo tiene un nuevo abogado porque el anterior denunció amenazas contra su vida y la de su familia, envió un oficio al juez anticorrupción Jairo García, señalando que su defensor actual, Geovanny Patricio Vásquez Barros, tiene un cuadro complicado de hemorroides y necesita ocho días de reposo médico. Adjuntó un certificado médico.

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El funcionario añadió que, aunque Vásquez se hubiera presentado, también habría solicitado que la diligencia se aplace, pues su defensa no ha contado con el tiempo suficiente para conocer detalles del proceso. La solicitud de diferimiento fue apoyada por los abogados de los otros nueve ciudadanos requeridos por la FGE. La mayoría argumentó que ha contado con poco tiempo para acceder al expediente.

Finalmente, el juez García aceptó la solicitud y fijó la reinstalación de la audiencia de vinculación para el viernes 14 de marzo de 2025 a las 07:45. Subrayó que no habrá más aplazamientos. De extenderse la diligencia, se retomará el domingo 16 de marzo desde las 08:00.

Esta investigación inició tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentada en julio pasado ante la FGE. El organismo argumentó un presunto comercio irregular de combustibles a través de empresas y gasolineras donde el alcalde tiene acciones, entre esas Copedesa.

Uno de los argumentos de la Fiscalía es que estas compañías adquirían diesel subsidiado para revenderlo a otros segmentos, no solo el automotriz.

Actualmente, hay cinco personas y cinco empresas procesadas en el caso, pero la FGE quiere vincular a 10 personas más, entre ellas el alcalde Álvarez, quien ha calificado este caso como una persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa.