Un agente antinarcóticos es procesado por presunta concusión en Quito

La Fiscalía General informó que un agente antinarcóticos de la Policía Nacional es procesado por presunta concusión en Quito. Se trata de Estalin P., quien habría solicitado USD 3000 a un detenido por presunto tráfico de estupefacientes, antes de ingresarlo a la Unidad de Flagrancia.

¿Cómo se dio el caso? Este hecho ocurrió en julio de 2023, según explicó la fiscal especializada en Administración Pública en la audiencia de formulación de cargos ante el juez Anticorrupción. Al concluir un operativo, en el sur de la capital, en esa fecha, el agente habría llevado al detenido a “pasear”, y al no contar con el dinero, fue a llevado a la dependencia para ser procesado.

Sin embargo, el investigador insistió en pedir el dinero, diciéndole al afectado: “de gana va a estar preso, deposite el dinero”. El hombre accedió y transfirió USD 800 a la cuenta bancaria de una prima del agente.

Durante la diligencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan su teoría del caso, entre los cuales se incluyen seis testimonios, incluido el de una prima del procesado, quien aseguró haber sido engañada por su primo y desconocer el origen del dinero. También se presentaron informes de transferencias bancarias, reportes telefónicos y una pericia contable.

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El detenido por tráfico de drogas no fue liberado, sino que lo procesaron en un caso llevado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), que ya cuenta con sentencia condenatoria.

En el transcurso de la investigación -informó Fiscalía- se descubrió la presunta concusión, respaldada por las transferencias bancarias, las cuales fueron enviadas para su investigación.

Estalin P. habría alegado que el dinero fue destinado para ayudar al aprehendido a contratar un abogado.

Al concluir las intervenciones de las partes procesales, el juez Anticorrupción ordenó la medida cautelar de presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para el procesado, y abrió una instrucción fiscal de 90 días.

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