Nueva pugna entre Gobierno y Alcaldía de Guayaquil: se detienen procesos por USD 55 millones para seguridad

La confrontación entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil se intensifica. El más reciente desacuerdo surgió tras la decisión del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) de declarar desiertos varios procesos contractuales impulsados por la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP), destinados a adquirir equipos para fortalecer la seguridad en la ciudad.

El cruce de acusaciones se trasladó a redes sociales, donde José Julio Neira, secretario de Integridad Pública del Gobierno, aseguró que Sercop recomendó dejar sin efecto los procesos debido a "inobservancias".

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Según Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, los contratos incluían la compra de camionetas, motocicletas, cámaras y drones para videovigilancia. Los procesos en disputa sumaban un valor aproximado de USD 55 millones.

Neira no detalló cuáles fueron las 12 irregularidades detectadas, pero sí fue contundente al afirmar que "se acabaron los contratos de las mafias disfrazadas de proveedores".

Esta declaración desató la respuesta de Cornejo, quien defendió la legalidad de los procesos y cuestionó directamente al Gobierno: "Si hay mafias, ¿quién les dio los permisos? ¿Quién las registró?", escribió el funcionario en su cuenta en la red social X, quien también dijo que nueve de esas 12 observaciones fueron revisadas y aceptadas por Sercop.

La disputa escaló cuando Neira publicó una nueva acusación. En el mensaje señaló que el funcionario municipal arrastra "más de 100 impedimentos en su historia laboral" y añadió: "¿Quién le confía la seguridad a alguien que ni siquiera debería ejercer cargos públicos?", aseverando que el director de Segura EP debería renunciar.

Este jueves 12 de junio, Fernando Cornejo no asistió a la sesión del Concejo Municipal, en medio de un ambiente de creciente tensión institucional que va más allá del enfrentamiento entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez, y que ahora involucra a altos funcionarios de ambas administraciones.

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