Segunda vuelta Ecuador 2023: veedora del proceso electoral exige no gastar recursos públicos durante la campaña

No acompañar a los candidatos en sus recorridos, ni asistir a mítines políticos. En términos generales, no participar en actividades proselitistas o que tengan fines electorales, son prohibiciones que establece la ley a los funcionarios públicos. Y eso incluye a los prefectos y alcaldes.

Sin embargo, en Ecuador ocurre eso a vista de los organismos de control. Durante la campaña previa a los comicios de agosto pasado, en varios escenarios aparecieron autoridades locales junto a candidatos.

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Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, mencionó que existieron en primera vuelta varios representantes de gobiernos locales que aparecían con sus candidatos para asambleístas, "más que todo en ese tiempo, en mítines políticos. Pero, sobre todo, en espacios de promoción electoral donde se llamaba al voto", explicó.

Por eso, a cuatro días del inicio de la campaña para la segunda vuelta, la Corporación Participación Ciudadana, veedora del proceso electoral, con un comunicado, exige a los gobiernos seccionales no gastar recursos y bienes públicos en la promoción de los presidenciables.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana añade que es importante explicar que el uso de recursos públicos no tiene que ver únicamente con el dinero que se gasta como funcionario público en una valla, o tal vez en camisetas, "los recursos públicos son también las horas que en lugar de estar concentrados en trabajar en su gestión como debería ser, la están dedicando para hacer proselitismo", dijo.

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Desde el observatorio, al financiamiento de la política se pide la intervención de la Contraloría, y más aún del Consejo Nacional Electoral que es el primero en ser llamado a sancionar.

Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, acotó que no están viendo al Consejo Nacional Electoral presentando denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, "algo que me genera muchas sospechas y dudas sobre el rol que está jugando el CNE dentro de un ecosistema democrático", sentenció.

Las sanciones que determina para infracciones electorales muy graves, dentro del Código de la Democracia, van desde una multa de veintiún salarios básicos unificados, es decir USD 9 450, hasta la destitución del funcionario.

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