Presidente Lasso califica como "acto de injusticia" amnistías concedidas por la Asamblea

La Asamblea Nacional resolvió este jueves conceder la amnistía a 268 personas, entre indígenas y activistas, procesados por participar en protestas sociales o en la defensa de derechos de la naturaleza.

Con 99 votos, de 125 legisladores presentes, el Legislativo concedió la amnistía, entre otros, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y varios "defensores del agua".

Del total de personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso "judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019", otros 153 son "defensores de los territorios comunitarios", 12 al de "administración de justicia indígena", y otros 43 son activistas de defensa de la naturaleza.

El presidente Guillermo Lasso reaccionó ante la decisión del Legislativo y lo calificó como un acto de injusticia. "El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional cometió un acto de injusticia. Se olvidaron de Quito en llamas, familias que perdieron sus negocios, periodistas agredidos y personas violentadas. Mi respaldo a la fuerza pública y a los quiteños ante esta decisión".

Durante una rueda de prensa, el consejero presidencial, Diego Ordóñez, informó sobre la postura del Gobierno frente a las amnistías: "La Asamblea Nacional ha olvidado a Quito en llamas, ha familias afectadas, a la propiedad privada, a la estabilidad afectada, ha cometido un acto de injusticia".

"La Asamblea debió incluir en la amnistía, como era lo lógico, a todos aquellos que de alguna forma tuvieron participación en esos eventos. Han incluido solo a quienes estuvieron en la calle, pero no incluyeron a funcionarios públicos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas que precautelaron el orden y evitaron que los desmanes lleguen a mayores", comentó Ordóñez.

Sobre la responsabilidad de la Asamblea, Ordóñez asegura que deberán responder y asumir las consecuencias por la decisión tomada. "Al Gobierno Nacional, en respeto a la independencia de funciones no le queda opción sino la de respetar, no obstante cuestionar la decisión; solidarizarse con las Fuerzas Armadas, solidarizarse con la Policía Nacional y solidarizarse particularmente con los ciudadanos de Quito, que durante octubre de 2019 sufrimos los efectos de los actos que se produjeron".

Leonidas Iza, procesado por las protestas de octubre de 2019 contra medidas económicas aplicadas por el entonces gobernante Lenín Moreno (2017-2021), consideró la amnistía "un logro" impulsado "desde la Conaie junto a diversas organizaciones sociales por justicia para los defensores de derechos", escribió en su cuenta de Twitter.

Con esta decisión "se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa", agregó.

También la prefecta Pabón, quien usa un grillete electrónico de vigilancia judicial, se pronunció y agradeció a quienes votaron para "poner fin a una práctica nefasta como es la persecución política".

Pabón, que pertenece al movimiento UNES, que lidera el expresidente Rafael Correa, también estaba procesada por el caso de las protestas de octubre de 2019.

Durante el debate, el legislador Pedro Velasco, de Avanza, valoró que 48 de los amnistiados no deberían haber sido favorecidos con esa medida, ya que sus casos se habían resuelto de manera judicial, mientras que su colega afín al oficialismo Fernando Villavicencio aseguró que la decisión busca la pacificación del país.

La opositora Victoria Desintonio, por su parte, destacó la decisión del Legislativo y aseguró que la protesta social es una forma de expresión ciudadana que debe ser respetada y no criminalizada.

Su colega Bruno Segovia añadió, además, que no se alcanza la paz y la armonía social si no se respetan los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas del país.