Porte de armas: ¿era inevitable su regulación en Ecuador?

El decreto sobre el porte y tenencia de armas de uso civil fue emitido el 1 de abril de 2023 por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Casi una semana después, la decisión del Primer Mandatario ha sido tema de recurrente debate y cuestionamiento entre varios sectores sociales que bien pueden estar a favor o en contra.

Universidades y organizaciones públicas han criticado fuertemente tal decreto. En tanto, representantes socialcristianos apoyan la medida, haciendo énfasis en que es necesaria una solución actual a la inevitable crisis de inseguridad que atraviesa el Ecuador. La asambleísta por PSC, Geraldine Weber, defiende la decisión del Ejecutivo, pero propone políticas más estandarizadas.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 9 de abril, Weber sostuvo la idea de que el porte de armas puede mejorar la situación de inseguridad para los ecuatorianos. Sin embargo, plantea, la ley debería reconstruirse para que además los agentes de seguridad especiales y personas en situación de vulnerabilidad puedan portar armas.

"Ellos son los que están constantemente vulnerados, los asesinan a diario, pero no poseen armas", expuso la legisladora.

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El empresario guayaquileño Paúl Palacios considera que tal medida, en cambio, incrementará la violencia entre los ecuatorianos, porque "no se puede asegurar que un ciudadano haga el uso debido de un arma de fuego, irán más allá de reprimir a la delincuencia".

Palacios acepta la idea de tener un arma en un lugar determinado como su propio hogar o negocio en respuesta a los múltiples escenarios de inseguridad que puede atravesar una persona. Sin embargo, fue enfático en cuestionar que un ciudadano lleve consigo un arma de fuego en todo momento por el espacio público.

Marcela Estrella, abogada penalista invitada al debate, respalda a Palacios, pues asegura que la medida sobre el porte de armas fue de forma "improvisada", lo que denota que el Estado ha perdido la guerra contra el crimen organizado.

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Fernando Carrión, catedrático de la FLACSO y exconcejal de Quito, advierte que los costos para adquirir un arma podrían disminuir, pero seguirían siendo casi inaccesibles para personas de bajos recursos.

"Adquirir la pistola que tienen los policías puede costar 500 dólares. Si a esto le sumamos el costo de servicios, munición y los certificados estaríamos hablando de casi mil dólares, ¿quién tiene ese dinero?", cuestionó.

En 2022, Ecuador registró 193.000 armas de uso civil, según estudios universitarios, lo que resume un incremento de tres veces las armas que existían en 2021. La ciudadanía, entonces, se está armando inevitablemente fuera de que exista o no un decreto.

Para Carrión es preocupante que, a pesar de tener una sociedad más armada, las muertes violentas no disminuyan. Solo el 8 % de los ecuatorianos cree en la justicia "y el decreto de porte de armas no va a mejorar la credibilidad en las instituciones públicas", dijo Carrión.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la tenencia consiste en la autorización de una persona para poseer un arma, pero en un lugar determinado, como dentro de su hogar o en otro espacio legal.

Con la reformatoria del Decreto Ejecutivo 707, la autorización de porte de armas permite a un ciudadano circular en espacios públicos mientras lleva consigo un arma de uso civil. En este caso, una persona podría llevar, en todo momento, una pistola dentro de su bolso, pegada a su cinturón o dentro de su vehículo.

Weber sostiene que la medida es parte de una solución integral para que distintos sectores del país, como ciudadanos y compañías de seguridad privada puedan fungir como representantes de la seguridad social, disminuyendo el déficit de 64.000 policías para más de 18 millones habitantes.

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