Para el movimiento indígena, el Gobierno busca "oxigenarse políticamente" con la consulta

En una rueda de prensa realizada la mañana de este martes 13 de septiembre del 2022 en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza Salazar, rechazó la propuesta de consulta popular que tramita el Gobierno.

Lo hizo en el marco del informe sobre los avances de las mesas de diálogo que dieron los dirigentes del movimiento indígena. Lo acompañaba Gary Espinoza, titular de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y otros dirigentes.

"Hemos sido claros. El Gobierno no tiene legitimidad de preguntar nada. Por lo tanto, lo que está buscando es oxigenarse políticamente y me parece un acto irresponsable", dijo el máximo dirigente indígena.

A su juicio, mientras el Régimen busca posicionar la consulta ambiental, en estos momentos se están abriendo 39 bloques petroleros sin cumplir lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales con el derecho a la consulta previa libre e informada.

“Son preguntas vacías, no resuelven nada. Volvemos a las consultas de años anteriores, se preguntó del tema del Yasuní y minero, no cambió nada”, acotó Iza. Considera que con una sola pregunta el Gobierno pretende controlar todos los poderes del Estado. "Eso significa dictadura (...) No estamos de acuerdo con la consulta y lo decimos de frente".

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También informaron sobre los avances de las mesas de diálogo y destacaron que hay avances y puntos por acordar.

Para Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), los acuerdos no pueden quedarse escritos en letra muerta y no se cumplan. "Tenemos gran preocupación de que no hay cumplimiento de la primera mesa que cerramos de banca pública y privada".

Iza dijo que, de las cinco mesas que se abrieron, cuatro se cerraron. Una sigue con el tratamiento y las mesas técnicas. Hay un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sociales de que se mantenga el subsidio de manera general y excluir a los que más tienen.

No se deben liberalizar los precios de las gasolinas actuales y futuras. Se debe focalizar por exclusión a los más ricos que sí pueden pagar precios más altos. También se debe excluir a quienes ganan más de USD 43 630 por año.