Operativo en Yutzupino debía realizarse tres días antes, pero hubo trabas judiciales y filtración de información

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunció en la Asamblea Nacional que los jueces "entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones al no prestar facilidades" durante operativos como el del pasado domingo en Yutzupino, al sur de la provincia de Napo.

Ayer, la funcionaria compareció ante los legisladores de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales sobre la acciones ejecutadas en Yutzupino, un sector amazónico a orillas del río Jatunyacu tomado por la minería ilegal.

Hace dos días, alrededor de 1.600 militares y policías iniciaron un operativo en esta zona, cuyo primer objetivo -según el Ministerio de Gobierno- era "desalojar a los mineros ilegales que lavaban oro" alrededor del afluente y contaminaban el agua.

Sin embargo, se conoció que la intervención debió haber ocurrido el jueves pasado, pero hubo trabas de los jueces locales y filtración de información.

"(El juez) entrega una orden de allanamiento, pero no de incautación, es decir que el personal tenía que entrar y simplemente observar lo que había ahí. ¿Por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones? No están prestado las facilidades y únicamente están beneficiando al crimen", dijo Salazar ayer en el Parlamento.

Este martes 15 de febrero la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet en la que detalló algunos resultados del operativo.

Contó que hasta el momento se han identificado 48 retroexcavadoras, de las cuales 27 ya están en el centro de acopio en cadena de custodia con seguridad de policías y militares. Además, señaló que se han incautado diez bombas de agua y siete motores.

Salazar aseguró ayer que una de esas maquinarias tenía identificación del Municipio de Yantzaza, cantón de Zamora Chinchipe, lo que evidenciaría hasta dónde llegan los tentáculos de la minería ilegal en la Amazonía.

Vela aseveró que la intención del Gobierno Nacional es que esas máquinas "no retornen nunca a las manos de las personas que las colocaron ahí".

"Este no es un operativo en el cual entramos y en una semana nos vamos a ir. Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico", acotó la ministra.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ha enfatizado que todas las actividades mineras en Napo se suspenderán temporalmente hasta que no se subsanen los daños ambientales en la provincia.

La semana pasada la organización Acción Ecológica aseguró en su cuenta de Twitter que "existen graves denuncias por contaminación, destrucción de la naturaleza, violencia y muertes" en la zona de Yutzupino.

Esta misma organización advirtió de "devastación en Yutzupino" y que "más de 3.000 personas estarían haciendo minería ilegal en esta comunidad, sin control de las autoridades".

Según testimonios recogidos por Acción Ecológica, también "existe violencia intrafamiliar, muertes sin esclarecer, alcoholismo y explotación sexual a niñas".