Oficialismo pide devolver al juez la solicitud de levantar la inmunidad de Ana Belén Cordero "con una copia de la Constitución"

Un juez de la Corte Nacional de Justicia solicitó al pleno de la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero.

El exgerente de la Empresa Pública Yachay, Héctor Rodríguez, demandó a Cordero por sus denuncias de irregularidades en este millonario proyecto del correísmo.

Mediante providencia, el juez nacional Felipe Córdova pidió a la Asamblea que levante la inmunidad parlamentaria de Cordero, legisladora del oficialismo, para continuar con la demanda penal en su contra.

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La querella fue presentada por Rodríguez tras la fiscalización hecha por Cordero, que denunció irregularidades y presuntos actos de corrupción.

Varios asambleístas rechazan el pedido del juez.

La propia Cordero manifestó: "le recuerdo, señor Rodríguez, que dentro de nuestro rol de fiscalización los asambleístas estamos protegidos con inmunidad parlamentaria; sin embargo, llevaré adelante este juicio hasta las últimas consecuencias porque le recuerdo que el gobierno de la persecución al que usted representaba ya se terminó".

Fernando Villavicencio, presdente de la Comisión de de Fiscalización, consideró que "este es un desafío de la ignorancia judicial de este país".

Y Juan Fernando Flores, jefe de bloque de CREO, señaló que "la presidencia de la Asamblea ni siquiera debería aceptar esto, tendría que devolvérsela al juez con una copia clara de la Constitución".

Según el artículo 128 de la carta política, los legisladores durante el ejercicio de sus funciones no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.

"Juez de este país que no haya leído la Constitución de la República, debe renunciar a su cargo", reprochó Villavicencio.

Pero existen legisladores que prefieren esperar, como el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, aunque no tenía claro de dónde llegó la solicitud.

A partir de ahora, la Asamblea tiene 30 días de plazo para pronunciarse, caso contrario se entenderá como levantada la inmunidad.