Asamblea: ¿qué alcances tiene la Ley de Economía criminal que propone el presidente Noboa?
Desde la bancada correísta hay críticas a la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal. Conozca lo que señalan los artículos más importantes de la propuesta del primer mandatario.
- La nueva norma es un respaldo a la lucha contra el crimen organizado. ( )
Un amplio debate se ha dado en las últimas horas sobre a Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, que fue remitida desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Por un lado, hay ciudadanos que apoyan la norma debido a los altísimos índices de violencia criminal que se reportan en el país. Según documento, con base en datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, entre enero y abril de los años 2022 a 2025, se evidencia una tendencia sostenida y alarmante en el incremento de homicidios intencionales, que responde en gran parte a una violencia de carácter estructural, organizada y letal.
En el año 2022 se registraron 4 886 homicidios intencionales. Esta cifra se incrementó a 8 248 en 2023, lo cual representa un aumento del 69% en apenas un año. Para el año 2024, se produjo una disminución a 7 033 homicidios, sin que ello implique una mejora estructural del fenómeno, puesto que la cifra sigue siendo dramáticamente superior a los promedios históricos del país. Para el año 2025, hasta el mes de abril, se han registrado 3 084 homicidios, lo que indica una posible estabilización, "aunque en niveles inaceptables para un Estado de paz, como históricamente ha sido el Ecuador", señala el proyecto de ley.
¿Qué más dice la norma? Habla sobre un régimen de transición al estado de paz. Es decir, cuando el conflicto armado interno, por su naturaleza y acciones desplegadas por los órganos de seguridad, haya sido superado en una o varias circunscripciones territoriales, en las mismas se aplicará un régimen de transición al estado de paz.
Se aplicará con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica.
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También establece las zonas de seguridad que se aplicarán para precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica. "Solo en caso de conflicto armado interno, el Presidente de la República declarará como zonas de seguridad, las que sean identificadas y puestas en su conocimiento por el Bloque de Seguridad, debidamente justificadas", dice el artículo 21 de la norma.
También aborda otros elementos que son considerados claves:
Otro planteamiento es que los los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para el cumplimiento de sus acciones y operaciones en el marco de esta norma y el Derecho Internacional Humanitario, se encuentran excluidos de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza.
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Las críticas del correísmo
La bancada correista del Parlamento reaccionó, casi de inmediato, luego de que el Ejecutivo remitiera, a la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno con la que se busca aislar los ingresos económicos de las mafias criminales en Ecuador.
Por ejemplo, la legisladora nacional Paola Cabezas escribió, en su cuenta de X, que el proyecto del presidente Noboa incluye medidas que generan dudas sobre constitucionalidad y el respeto al debido proceso. "La propuesta de allanamientos sin orden judicial es especialmente alarmante: abre la puerta a abusos institucionalizados y otorga más poder a la FGE".
Por otro lado, critica que los indultos “a la carta” para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas generan preocupación: podrían garantizar impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. "¿Es este el camino para proteger a los asesinos de los cuatro chicos de Las Malvinas? Además, ¿estas medidas cumplen con los requisitos para ser consideradas de urgencia económica? ¿Rebajas tributarias por donaciones a las Fuerzas del Orden abordan realmente las causas de la violencia?"
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De su parte, Liliana Durán dijo que el proyecto del primer mandatario es un grave retroceso democrático. "Es todo, menos urgente... y mucho menos económica". Además, tiene estos vacíos:
Cristian Hernández expresó con la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno se puede perseguir a quienes quiera. "No se necesita ser abogado para entender lo peligroso de esto Además, ya mintió cuando dijo que el 3% del IVA serviría para seguridad, pero cada día es peor".
Incluso el candidato vicepresidencial del correísmo comentó que no se cumplen con los requisitos constitucionales para una ley económica urgente.
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