En siete años se acumulan 28 580 muertes violentas y el Estado no logra detener la violencia en Ecuador

El presidente Daniel Noboa asumirá un nuevo mandato la próxima semana, en medio de un contexto de violencia que ha recrudecido en todo el país. Hoy, tras siete años de una espiral de violencia sin precedentes, Ecuador registra 28 580 muertes violentas, por lo que se proyecta al 2025 como el posible año más violento de la historia reciente.

Desde 2018, tres gobiernos han implementado al menos una docena de medidas para contener la crisis, incluyendo mayor presencia militar en las calles y fronteras, reformas para ampliar el uso legítimo de la fuerza, autorización del porte de armas para civiles, eliminación de la tabla de consumo de drogas y la declaratoria de conflicto armado interno con el reconocimiento de 22 bandas como grupos terroristas.

También se han aprobado reformas para mejorar el armamento y la protección jurídica de los uniformados, se elevó el IVA al 15 % para financiar la seguridad y se convocó a una consulta popular que propone allanamientos sin orden judicial y reformas judiciales. A ello se suma la presencia de bases extranjeras y militares en cárceles.

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Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes ni sostenibles. El debate de esta problemática fue el eje central del programa POLÍTICAMENTE CORRECTO del 18 de mayo, donde expertos coincidieron en que el país ha operado bajo sin una estrategia clara.

Wagner Bravo, general en servicio pasivo y exjefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió que las tres principales amenazas para el país como la minería ilegal, narcotráfico y terrorismo, han sido enfrentadas desde la reacción y no desde la anticipación estratégica. "El gran error del Estado es que no ha dimensionado aún la raíz del problema", explicó.

En ese sentido, Bravo destacó que ahora son necesarias leyes clave como la de inteligencia, que lleva cinco años estancada en la Asamblea, y otras normativas necesarias para enfrentar delitos como la minería ilegal que siguen sin aprobarse. "Hace falta un verdadero sistema de inteligencia integral que permita a todas las instituciones adelantarse a las crisis, no solo reaccionar a ellas", señaló.

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Katherine Herrera, investigadora de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Konrad Adenauer, señaló además que ahora más que nunca el país necesita cooperación internacional sólida, con aliados estratégicos como Estados Unidos, Israel, parte de la Unión Europea y América Latina. Esa cooperación, dice, debe enfocarse en mejorar las capacidades de “inteligencia y en desarrollar investigaciones profundas” que permitan desarticular estructuras criminales desde sus bases.

Herrera advirtió, sin embargo, que ningún esfuerzo será suficiente si no se reforma también la institucionalidad del país. Señaló, por ejemplo, que en el sistema judicial se imponen penas mínimas a los criminales, mientras que las cárceles siguen siendo centros de operación para las bandas, donde permanecen los cabecillas.

Según la Policía Nacional, desde 2018, se han registrado 913 masacres en territorio nacional. Renato Rivera, vocero del Observatorio de Crimen Organizado, explica que el incremento en las muertes violentas da cuenta de una nueva ola de fragmentación criminal. Bandas como los Lobos, Tiguerones o Choneros se han dividido en múltiples células que se disputan zonas estratégicas del país, lo que ha intensificado los enfrentamientos y los homicidios.

“En el Estado no existe una política criminal clara desde 2018. Por eso, la inteligencia, los recursos económicos y las investigaciones no se destinan adecuadamente... Mientras esto pasa, las bandas nacionales se expanden; los Lobos ya están en Chile; los Tiguerones, en Perú”, detalló.

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Si bien Herrera y Bravo coinciden en que las bandas de delincuencia nacionales, como Los Choneros, Tiguerones, Lobos y otras, aún no tienen el poder de un cartel de droga o de las FARC en Colombia, advierten que eso podría cambiar en un futuro cercano.

Herrera sostiene que, sin una estrategia de inteligencia efectiva y una lucha decidida del Estado, en tres años estas estructuras podrían equiparar su capacidad criminal con organizaciones internacionales, lo que significaría la derrota total de Ecuador frente al crimen organizado.

Renato Rivera, sin embargo, advierte que no se debe minimizar el impacto ni la fuerza que estas bandas ya tienen, pues algunas, como Los Choneros, ya están siendo mencionadas en Europa. Los tres expertos concluyeron en que el gobierno de turno debe responder con rapidez y presentar, desde el primer día del nuevo mandato de Daniel Noboa, un plan integral de seguridad que no demore más de 90 días en su formulación.

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