Lasso presenta plan para reestructurar el sistema de rehabilitación social

El presidente Guillermo Lasso firmó este lunes 21 de febrero un nuevo Decreto Ejecutivo con el que se indultará a más personas privadas de la libertad, aunque se desconoce cuántas serán beneficiadas.

Según dijo el mandatario, el propósito de esta decisión es reducir el hacinamiento en las cárceles.

"El hacinamiento no solo genera violencia, sino también problemas de salubridad", señaló el jefe de Estado durante un evento en el Palacio de Carondelet (Quito) donde se presentó la primera Política Pública de Rehabilitación Social de Ecuador, un documento en el que se plantean cambios estructurales en todos los reclusorios del país y que tiene previsto ejecutarse hasta el 2025.

El proyecto es una respuesta a la profunda crisis que se ha desatado en el sistema penitenciario nacional y que en 2021 generó enfrentamientos entre bandas de reos por el control de las prisiones, reyertas que dejaron más de 320 reclusos asesinados.

Las autoridades han atribuido la violencia en las cárceles a la disputa entre carteles del narcotráfico, aunque la crisis también ha desnudado los problemas de hacinamiento, falta de presupuesto, escasa infraestructura, corrupción y deficiencias en la administración de justicia, entre otros factores.

El documento fue elaborado por el denominado "Mecanismo Técnico de Rehabilitación Social", dirigido por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, Bernarda Ordóñez.

Con respecto al decreto firmado por Lasso, está dirigido para los presos que tengan sentencia condenatoria por los delitos de: robo, hurto, estafa o abuso de confianza.

A estos reclusos se les revisará si:

- Ya han cumplido el 40 % de la sentencia que fue aplicada con el Código Penal anterior; o el 60% de la condena que fue aplicada con el actual Código Orgánico Integral.

- No tienen otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares

- No tienen otro proceso penal o investigación previa.

Lasso recordó que el 43 por ciento de la población carcelaria del país tienen entre 18 y 30 años de edad, lo que supone que está "en plena capacidad productiva", y que son 21.700 los presos que no han terminado sus estudios.

- El tercer decreto -

El años pasado el mandatario firmó dos decretos que buscaban indultar a personas sentenciadas por infracciones de tránsito o que tenían enfermedades catastróficas.

Según la Defensoría Pública, tan solo 27 personas han resultado favorecidas con esas dos resoluciones, una cantidad insignificante para el total de la población carcelaria que -según el Gobierno Nacional- abarca a más de 35.000 presos, sin embargo no se tiene una cifra exacta, por lo que desde la Secretaría de Derechos Humanos se intenta iniciar un censo penitenciario.

La Política Pública de Rehabilitación Social contempla 12 ejes y 308 líneas de acción en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.

Para la ejecución de la primera fase de este plan, el régimen ha destinado 27 millones de dólares.