La Corte Constitucional debe revisar la extensión del tiempo de funciones de seis jueces de la Corte Nacional, dicen expertos

Una vez que el estallido del caso Metástasis produjo, entre varios coletazos, la suspensión del concurso para renovar siete jueces de la Corte Nacional de Justicia, queda pendiente el análisis de una decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura, en septiembre pasado. Se trata de la extensión del periodo de gestión de seis jueces nacionales hasta 2030. Es decir, de los magistrados Fabián Racines, Rosana Morales, Felipe Córdova, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera.

Fue una decisión polémica por dos razones. Primero, porque fue validada únicamente por el consejero de la Judicatura, Xavier Muñoz, más el voto dirimente del entonces presidente Wilman Terán, que sobre la base de una interpretación procedimental constituyeron una mayoría de dos vocales sobre cinco.

Y, segundo, porque dicha extensión abrió un debate sobre los vacíos legales que sustentaron la ampliación por seis años más al periodo de esos jueces.

Por eso, expertos consultados por Ecuavisa.com consideran que la Corte Constitucional debiera pronunciarse sobre este caso.

Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que el procedimiento debiera anularse por ser ilegal desde varias aristas.

"Terán no podía extender el periodo de los seis jueces nacionales; recordemos que estos fueron designados para culminar el tiempo de trabajo de otros magistrados que fueron destituidos entre 2019 y 2020 o que no superaron el concurso".

En ese sentido, continúa el jurista, la decisión de la Judicatura fue inconstitucional, pues los jueces beneficiados tenían un periodo fijo inferior a los nueve años.

Sin embargo, el ahora expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, dijo en el programa Políticamente Correcto del domingo 10 de diciembre, que la resolución de septiembre estuvo amparada por la Constitución de la República.

"El artículo 182 establece que un juez nacional debe ser designado para nueve años (...). Era mi deber reconocer el periodo que les faltaba cumplir a los seis jueces para llegar a ese tiempo".

El constitucionalista Xavier Palacios, quien ha seguido de cerca la crisis de la función judicial, respalda la idea de Ocaña. "La Corte Constitucional debería referirse al procedimiento irregular de la Judicatura". Es decir que, Racines, Rivera, Macías, Morales, Guillén y Córdova fueron designados para completar periodos, no para asumir uno completo.

Además, insiste en que si ya hay una ación de protección que detuvo el concurso público de jueces por las irregularidades de Terán y Muñoz, lo lógico es que este trámite previo también entre en validación constitucional.

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Según Xavier Palacios, el camino para que la Corte Constitucional declare nula la extensión de los seis jueces comienza porque una persona natural u órgano jurídico presente una denuncia de inconstitucionalidad, algo que todavía no ha ocurrido. Los gremios de abogados han priorizado otros temas, dejando para un segundo ritmo este caso de inconsistencias. La demanda, según el jurista, se dará en los siguientes días.

Xavier Palacios explicó además que la posición de la Corte Constitucional sobre este tema es fundamental porque echaría abajo completamente todo el concurso de jueces. La razón: si Terán, en su anterior calidad de presidente, y Muñoz extendieron discrecionalmente el periodo hasta 2030 de seis jueces, el proceso para elegir a los siete restantes no tenía sentido, porque nunca quedó claro si todo este procedimiento era para escoger magistrados que completen un periodo o para que tengan uno de nueve años.

Luis Rivera fue uno de los jueces a quienes se le aumentó el periodo. El magistrado nacional debía irse en enero de 2024, pero le alargaron sus funciones hasta 2030. Él tiene en sus manos un proceso penal que Fiscalía abrió contra tres vocales de la Judicatura por obstrucción contra la justicia (Terán, Muñoz y Maribel Barreno).

Además, Rivera envió el pasado 29 de noviembre un pedido a la Asamblea Nacional para enjuiciar a Jorge Glas por el caso Reconstrucción de Manabí. El Legislativo revisará la solicitud el jueves 21 de diciembre.

La medida fue cuestionada porque la autorización legislativa solo opera cuando el Presidente o Vicepresidente de la República, con un proceso penal abierto, sigue en funciones. Y Glas dejó su cargo en enero de 2018.

No obstante, Wilman Terán, en Políticamente Correcto, dijo que Rivera interpretó el proceso bajo el argumento de que el supuesto delito por el que se le procesa lo habría cometido en su condición de Segundo Mandatario.

Dicho juez, además, conforma junto a Felipe Córdova y Byron Guillén, también prorrogados por la Judicatura, el tribunal de revisión del caso Sobornos, donde el expresidente Rafael Correa busca que se anule su condena de ocho años por cohecho.

Fabían Racines, Walter Macías y Rosana Morales cierran el grupo de jueces a quienes se les aumentó el tiempo de funciones. Racines conforma el tribunal que ha empezado a revisar el caso Metástasis, y quien ordenó la prisión de Wilman Terán que tras lo sucedido presentó el miércoles 20 de diciembre su renuncia a la Presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura.

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Mediante una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura el 19 de diciembre, la institución resolvió que el concurso para elegir a otros siete jueces nacionales sea suspendido tras una disposición de la jueza constitucional de Pichincha, Patricia Segarra.

El pleno estableció revisar en profundidad las más de ocho inconsistencias señaladas en el concurso. "Sobre todo, los hechos en torno a las pruebas de confianza", se dijo en la reunión. Para los juristas Palacios y Ocaña, el concurso de jueces podría moverse bajo tres posibilidades:

"La primera está en que el pleno de la Judicatura, ahora presidido por Álvaro Román, declare que las irregularidades planteadas por el Colegio de Abogados de Pichincha no son ciertas y continúe donde Wilman Terán lo dejó", explica Palacios

El segundo escenario estaría en que el pleno declare la nulidad total del proceso por irregularidades insanables y lo rehaga desde cero. Esta posibilidad es la más aconsejada por los juristas, debido a las más de 12 irregularidades denunciadas por la opinión pública.

"El tercer escenario es que la Judicatura corrija los yerros de la acción de protección. Es decir, que vuelva atrás en los procesos que se considere fueron irregulares, como haber repetido los exámenes de confianza", concluyó Ocaña.

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