La Constitución necesitaría varias reformas para avanzar en una verdadera transición petrolera

Con el resultado de la consulta popular del 20 de agosto, sobre detener la producción petrolera en el bloque 43 del ITT en el Yasuní, el Sí se impuso con un 59%. Pese a ello, varios analistas establecen que la Constitución no contaría con los lineamientos suficientes para que Ecuador pueda empezar un camino hacia una transformación de economía sostenible y pospetrolera.

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En el programa Políticamente Correcto del domingo 10 de septiembre, Inés Manzano, abogada ambientalista, explicó que existen varios artículos en la Constitución vigente y en otros reglamentos nacionales que no permiten que nuevos mecanismos bioeconómicos y energías alternativas entren al juego.

“Estamos cercados por todo lado, el mercado de carbono podría servir como una alternativa al petróleo, pero el artículo 74 prohíbe la apropiación de los servicios ambientales”, expuso Manzano.

Para ello, el siguiente gobierno, explica la panelista, deberá trabajar en una reforma Constitucional o una reinterpretación de varios artículos sobre energía, ambientalismo y bioeconomía, “y para ello es necesario un gran pacto sostenible, si no lo hacemos, entonces no podremos acceder a nuestras riquezas”.

Ramiro Páez y Mauricio Pozo, también panelistas invitados al programa, sostienen la preocupación de Manzano. “Por el momento, no hay otra alternativa que pueda reemplazar a la producción petrolera”, explicarón.

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Las empresas petroleras en el bloque 43 deberán paralizar las actividades y desmantelar su infraestructura en los próximos doce meses, un tiempo récord y casi imposible, señala el ingeniero y experto petrolero Ramiro Páez, pues señaló que la primera etapa de desmantelamiento de la maquinaria en el bloque 43 del ITT tomaría al menos dos años, pues se necesitaría contratar empresas encargadas del desarme, lo que podría durar un año.

“Es físicamente imposible desmantelar toda la infraestructura petrolera en doce meses, solamente en tener a empresa contratista pasarían seis meses, incluso hasta un año”, aseguró el también exfuncionario de Petroecuador.

Para Páez, hasta que eso pase, las empresas dentro del bloque 43 no deberían dejar de producir petróleo, “porque no creo que el Estado se quiera dar el lujo de perder USD 1 200 anuales sin tener siquiera un plan concreto”.

Mauricio Pozo, exministro de Economía, acompañó la idea de Páez. Además, señaló que las pérdidas económicas serían mayores, por el precio del desmontaje y la pérdida de nuevas inversiones extranjeras en hidrocarburos.

“No es tan fácil reemplazar de la noche a la mañana un valor millonario de esa magnitud, o recortamos gastos o nos endeudamos”, dijo Pozo.

Manzano expuso que las pérdidas económicas no serían tan fuertes como lo señalaron sus compañeros panelistas, pero sí admite que el tiempo de un año para desmantelar todo un bloque petrolero sería bastante corto, por lo que exhorta a la Corte Constitucional a que revise y replantee un nuevo plazo para la paralización de las actividades petroleras en ese territorio del Yasuní.

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“Si esto no ocurre, me preocupa que un grupo de ambientalistas lo aproveche y pide indemnizaciones millonarias al Estado por no cumplir los plazos del desmontaje petrolero, la Corte Constitucional puede revisar los tiempos”.

En ese sentido, Ramiro Páez y Mauricio Pozo opinan que el grupo de magistrados no se informó lo suficiente sobre las consecuencias reales de cerrar un bloque petrolero en menos de un año. “La consulta popular fue sesgada, la Corte no se informó lo suficiente... y los ciudadanos tampoco sabían el contexto real de la pregunta.