El juez Jean Daniel Valverde concluyó que no hubo vulneración de los derechos a la salud ni a la integridad personal de Glas.
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Imagen de archivo del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. ( )
El juez Jean Daniel Valverde, de La Libertad, provincia de Santa Elena, negó este domingo 28 de diciembre que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sea trasladado a un hospital por el deterioro en su salud.
El magistrado concluyó que no hubo vulneración de los derechos a la salud ni a la integridad personal de Glas y consideró improcedente la demanda presentada por la defensa del exfuncionario, quien buscaba sacarlo de prisión para que sea llevado a una casa de salud.
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A las 16:00 de este domingo 28 de diciembre se reinstaló la audiencia judicial en la que se analizó el estado de salud del exfuncionario. En esta jornada solo se iba a conocer la resolución de Valverde con respecto al recurso de habeas corpus correctivo.
El exvicepresidente está preso desde el 10 de noviembre en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde cumple sentencias por corrupción. Anteriormente estaba recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.
Durante esta audiencia, que inició el viernes 26 de diciembre, el médico privado Edison Barreto, quien examinó al exvicepresidente el 19 de diciembre en la cárcel, presentó un informe en el que señaló que el recluso, de 56 años, padece 18 enfermedades y que existe un riesgo suicida permanente. El galeno añadió que los órganos de Glas reflejan una edad biológica muy superior a la cronológica.
De su lado, el abogado Fausto Lara, en representación del Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó que desde que Glas ingresó a la Cárcel del Encuentro, el pasado 10 de noviembre, ha recibido 40 atenciones médicas. Y añadió que, desde abril de 2024 -cuando estaba recluido en La Roca- a la fecha, ha sido atendido 527 veces.
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Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa. Sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
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