03 ago 2023 , 21:10

El Gobierno enviará un nuevo decreto-ley para acelerar la contratación pública

Según el Ejecutivo, el decreto ley plantea destrabar procesos y cumplirá con obras urgentes.

Para la próxima semana el Gobierno tiene previsto enviar a la Corte Constitucional un nuevo decreto ley, el quinto. Ahora para acelerar la contratación pública.

A cuatro meses de que culmine el mandato de Guillermo Lasso, no hay mayores avances en inversión. Hasta julio, es decir, durante los siete primeros meses del año, solo se ejecutaron USD 600,4 millones s de los 2.143,4 millones contemplados en el plan anual de inversiones 2023. Lo que equivale apenas al 28%.

Que no es por falta voluntad, sino por las trabas en los procesos de contratación pública, ha dicho el Ejecutivo.

Sin dar mayores detalles, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indica que el texto apunta a destrabar los obstáculos que crea la extensa normativa que rige a la contratación pública en Ecuador.

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La meta es acelerar la ejecución de obras, como el mantenimiento de infraestructuras ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

Una mejor contratación agilizaría obras

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una de las carteras de estado que mayor monto de recursos tiene asignados: 265,1 millones, ya que debía liderar un ambicioso plan vial. Pero solo ha usado USD 74,2 millones, de esa cantidad, 23,9 millones fueron conservación y mantenimiento de carreteras.

En seguridad, otra crisis actual, el Ministerio del Interior ha utilizado solo USD 8,6 millones, el 8,8% de un presupuesto de 96,9 millones previsto para el 2023. El equipamiento para los policías sigue pendiente. También, la construcción y remodelación unidades de policías comunitarias.

En salud, el Estado ha invertido el 30% de lo previsto: USD 74,4 millones de dólares. Los procesos de compras se han centrado en insumos y medicinas.

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Y en educación, hay un 40% usado. Esto es USD 107,8 millones.

En cuanto a los decretos ley, la Corte Constitucional le ha negado a Lasso tres de cuatro presentados, argumentando que no cumplían con el criterio de urgencia, a pesar de tratar temas de materia económica.

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