Contraloría investigará a ministro de Energía por supuesto vínculo con paraísos fiscales

La Contraloría General del Estado (CGE) investigará las cuentas del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, luego que la asambleísta Sofía Espín (UNES) solicitara al organismo que examine las actividades del funcionario debido a un supuesto vínculo con paraísos fiscales.

La CGE confirmó a Ecuavisa.com que el trámite comenzará con un requerimiento de información tanto al ministro como a la Cartera de Estado que dirige.

Una vez que concluya esta "verificación preliminar", el órgano de control recomendará si se inicia o no un examen especial en el primer trimestre de 2023.

El 17 de noviembre pasado, Espín pidió a la CGE que lleve a cabo un examen especial a Santos.

La legisladora expuso que el ministro de Energía sería el "beneficiario final de una sociedad offshore en Bahamas, lo que, de ser cierto, sería un hecho bochornoso para el país (...) y estaría infringiendo el artículo cuatro de la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular 2017", que prohíbe a los candidatos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.

Santos, quien tiene algo más de un mes como ministro de Energía y Minas, ha asegurado que renunció al cargo de director de una empresa offshore (Sociedad Santa Laura Victoria Ltd.) en Bahamas antes de convertirse en secretario de Estado.

"Ser director en una offshore no es un delito. El problema es tener cuentas offshore. Esta compañía, me dice el dueño, que no tiene cuentas en las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Menos aún yo como persona privada", declaró el ministro el 11 de noviembre en una entrevista con Radio Sonorama.

"Yo no tengo ninguna cuenta offshore, ni personal ni a través de ninguna compañía. Pueden investigar en Andorra, Zimbabue", añadió.

Santos Alvite ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas tras la renuncia de Xavier Vera, investigado por la Fiscalía por presunto cohecho (soborno) al revelarse un audio de una persona que lo acusaba de exigir dinero a cambio de adjudicar cargos en la administración pública.