En la Asamblea, hasta por las máquinas de snacks y café se habrían pedido coimas

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, denuncia que funcionarios del Legislativo habrían pedido coimas para instalar máquinas dispensadoras de snacks y bebidas calientes en los principales accesos del edificio del Parlamento.

"Yo recibí al contratista. El señor señala que fue abordado por una señorita de la Asamblea, que salió a nombre de una de las administradoras de la Asamblea, y le pidió el 7,5 % de las ventas totales", dijo Villavicencio a los medios este miércoles 22 de septiembre.

El legislador indicó que apenas conoció de esta situación le comunicó a Julio César Sarango, asesor de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori.

Ecuavisa llamó al proveedor de los dispensadores, pero no quiso dar declaraciones. A través de un comunicado expresó que la denuncia objeto de cuestionamientos es de otro proveedor, al que estarían por adjudicarle un nuevo contrato.

De su lado, Sarango manifestó que pidió que la denuncia sea presentada por escrito "para nosotros tomar los debidos procedimientos legales".

"Hasta la presente fecha nunca ha presentado la denuncia", agregó Sarango.

Varios asambleístas aseguran que investigarán este caso que, aunque parezca insignificante, reflejaría cómo se gestionan procesos en la Asamblea Nacional.

"Salimos de una Legislatura que fue cuestionada, hoy estamos en el mismo camino o peor", declaró el asambleísta Jorge Abedrabbo sobre este caso.

En un poco más de cuatro meses en funciones, la Asamblea no supera el vaivén de las denuncias y el desprestigio. Algunos legisladores están envueltos en cuestionamientos por supuesta gestión de cargos públicos a cambio de dinero, otros son indagados por mantener glosas.

A la presidenta del Parlamento se la examina por los gastos realizados durante sus estadías en Tena y Guayaquil, en junio y julio, respectivamente.

Asimismo, un contrato de alimentación y servicio de logística para reuniones y ceremonias del Legislativo por 112.000 dólares (incluido IVA) ha generado polémica por los elevados costos que se han planteado en la propuesta.