El presidente de la Judicatura y el ministro Economía tienen diferente interpretación sobre fallo judicial

El Consejo de la Judicatura informó que se declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con relación a la acción de protección número 17203-2023-01666 y se dispuso la entrega del presupuesto óptimo solicitado por la Función Judicial.

Ese recurso fue presentado por el titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, en contra del presidente Guillermo Lasso, para exigir la asignación del presupuesto para que la Función Judicial pueda cumplir con el acceso efectivo a los servicios de justicia.

También que las instituciones accionadas, el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura, en un plazo de 30 días, deben generar una solución presupuestaria.

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De su parte, el Ministerio de Finanzas informó que la acción de protección a Wilman Terán fue rechazada. "Las finanzas públicas no se politizan".

El ministro del ramo, Pablo Arosemena Marriott, manifestó en Twitter que el fallo fue favorable para el Gobierno. Si bien la jueza Cecilia Pareja declaró que el derecho a la justicia se vulneró parcialmente, no aceptó el pago reclamado por Terán.

Wilman Carrillo presentó una acción de protección contra el presidente Lasso para exigir la asignación del presupuesto para que la Función Judicial cumpla con el acceso efectivo a los servicios de justicia.

La entidad tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.

El doctor David Guzmán Cruz, director general del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho ciudadano a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.

Señaló que los continuos recortes presupuestarios, que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.

Actualmente, en el país existen 1.978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.

La reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existe el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito, existen 17.777 citaciones pendientes.

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