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Los despidos del sector público se mantienen pese al fallo de la Corte Constitucional contra la Ley de Integridad
Aunque la Corte Constitucional dejó sin efecto la Ley de Integridad Pública, los despidos realizados bajo esa norma se mantienen vigentes y no serán revertidos.
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Extrabajadores de Petroecuador demandan el pago de sus liquidaciones en los exteriores de la institución en Quito.( )
La Corte Constitucional (CC) echó abajo la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) este viernes, 26 de septiembre, pero aclaró que esta decisión no tendrá efecto sobre los despidos ya ejecutados en el sector público en el marco de dicha normativa.
La sentencia 52-25-IN/25 estableció que la inconstitucionalidad de la LOIP rige hacia el futuro, a partir de su publicación en el Registro Oficial.
La Corte solo dispuso retroactividad en tres ámbitos: penal y de ejecución de penas, niñez y adolescencia, y movilidad humana.
¿Qué pasará con los despidos bajo la Ley de Integridad Pública?
En la práctica, esto significa que las desvinculaciones realizadas hasta ahora bajo la LOIP se mantienen vigentes y no serán revertidas.
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La LOIP, aprobada en 2024, reformó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y permitió al Ejecutivo poner en marcha un plan de optimización del aparato estatal. El Gobierno había proyectado un ahorro de USD 22,74 millones en 2026 con la supresión de miles de puestos de trabajo.
En julio, la Presidencia de Ecuador anunció el inicio de la desvinculación de 5 000 funcionarios, con excepción de personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables. Los recortes incluyeron a trabajadores administrativos de ministerios y del IESS, como parte de un proceso de reestructuración.
La Corte concluyó que la LOIP vulneraba principios constitucionales como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática. Sin embargo, al modular los efectos de la sentencia, dejó claro que la retroactividad no alcanza al ámbito laboral y administrativo.
Desde el Ejecutivo, la decisión ha sido recibida con fuertes críticas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que la eliminación de la ley significa “arrebatar a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y a los corruptos”, y reiteró el llamado a impulsar una Asamblea Constituyente con el fin de cambiar la Constitución ecuatoriana.
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