La denuncia en contra de Eduardo Franco Loor, vocal del Cpccs, fue admitida a trámite en el Contencioso Electoral
Esta fue presentada por los asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro y Diego Matovelle
- El letrero distintivo del Tribunal Contecioso Electoral en las afueras del edificio.( )
La denuncia presentada por los asambleístas Adrián Castro y Diego Matovelle, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en contra de Eduardo Franco Loor, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), fue admitida a trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta infracción electoral.
Lo hizo la jueza electoral Ivonne Coloma. Los legisladores lo acusan de haber interferido en la Función Electoral mediante publicaciones en redes sociales en las elecciones 2025. En la página 4 de la causa número 004-2025-TCE se indica:
“(..) sobre los hechos enunciados en la demanda, demostrando el impacto social y la relevancia de los mensaies emitidos a través de la red social X así como su íncidencia en la opinión pública, los debates sociales y las consecuencias derivados de su difusión masiva, lo cual configurara la interferencia del doctor Eduardo Franco Loor, Vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el funcionamiento de la Función Electoral”.
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🗳️ #LoMásLeído 📌 Las denuncias en contra de Daniel Noboa y su campaña han sido presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral y Contraloría General del Estado. 📲 https://t.co/TfSUwt8Mts pic.twitter.com/oIsJB2ppwK
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) January 15, 2025
La audiencia oral única de prueba y alegatos se efectuará el 12 de febrero de 2025, a las 09:30, en la sala de audiencias del edificio del TCE, ubicado en las calles Juan León Mera (N21-152) y Vicente Ramón Roca, sector de La Mariscal. Si Loor no comparece en la fecha señalada y no justifica su inasistencia, la audiencia oral única de prueba y alegatos se llevará a cabo en rebeldía”. Su defensa será asumida por un defensor público.
Si los asambleístas no comparecieren a esa diligencia, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia. Ahora, el presunto infractor tiene cinco días de plazo para contestar la denuncia, contados a partir de la citación. En el escrito podrá anunciar y presentar las pruebas de descargo.
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