Comisión de la Asamblea recomienda juicio político contra ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro chicos de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. El documento recomienda al Pleno iniciar un proceso de enjuiciamiento político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución.

La moción fue presentada por el legislador Maurchell Vallejo, la cual fue aprobada con siete votos. La presidenta de la comisión, Pierina Correa, recordó que para el trabajo de los comisionados se requirió la comparecencia de varias autoridades del Estado.

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En el informe se hace un recuento de los hechos, desde el 8 de diciembre del 2024, fecha de la desaparición de los cuatro chicos, hasta el 6 de enero del 2025, cuando el ministro de Defensa, en cadena nacional, pidió disculpas públicas.

Concluye que existen acciones contrarias a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional. “Lo ocurrido no es un hecho aislado sino que corresponden a reiteradas violaciones a los derechos humanos, en las que estarían involucrados personal militar; falta de una política pública transversalizada en derechos humanos; desconocimiento de los procedimientos y protocolos frente a posibles violaciones de derechos humanos”.

También recomienda a los ministerios de Defensa, Interior, Derechos Humanos e Inclusión Económica, la Defensoría del Pueblo, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que tomen medidas preventivas y correctivas.

Una vez aprobado, el documento será enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional para su socialización y análisis en el Pleno.

Un grupo de delegados de la Fiscalía General fue recibido, en comisión general, en la mesa de Niñez y Adolescencia. La razón: conocer sus observaciones para la elaboración del informe no vinculante en el marco de fiscalización sobre la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas, sur de Guayaquil.

También intervino el director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Jorge Baños, quien expuso el trabajo que despliega la Fiscalía. Destacó los mecanismos establecidos por la ley para el tratamiento de casos de desapariciones forzadas.

Añadió que la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Legítimo de la Fuerza, creada en el año 2023 para cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de investigación, cuenta con seis fiscalías en Pichincha, una en Guayas y otra en Azuay.

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Este equipo de fiscales se especializa en la investigación de delitos graves como genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheit, agresión, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, que involucran a agentes estatales.

Mencionó que la unidad tiene como atribución principal orientar, asesorar y dar seguimiento a los casos de uso ilegítimo de la fuerza y destacó que los fiscales del Guayas han recibido capacitación especializada en derechos humanos para fortalecer la atención a estos casos, especialmente en la costa ecuatoriana.

El agente fiscal de la Unidad Especializada, Christian Fares, presentó un desglose de las infracciones cometidas, incluyendo el secuestro y la desaparición forzada, etc. Dijo que hay un compromiso firme en la garantía de los derechos establecidos por la Constitución, poniendo especial énfasis en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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