Así como Correa, Lasso amplió beneficios para su seguridad a puertas de dejar el poder

La noche del 7 de noviembre de 2023 se hizo público el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso en el que amplía la seguridad para expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Esa decisión llega a menos de un mes de que deje el cargo y se contradice a la postura que defendió cuando estuvo fuera del poder e incluso a un documento que él mismo firmó en agosto de 2021.

Expertos en la materia explican que la seguridad de los exmandatarios debería decidirse bajo un criterio técnico y no por intereses particulares o políticos.

Algo muy similar ocurrió en mayo de 2017, cuando al entonces presidente Rafael Correa le quedaban unos 20 días en el poder. En esa ocasión, emitió un decreto ejecutivo que modificaba otro de 2010 sobre las atribuciones del servicio de protección presidencial. Es decir, estableció que el expresidente goce de protección estatal por un año y el exvicepresidente, por seis meses. El decreto incluía a sus cónyuges e hijos.

En ese documento, Correa establecía que “es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”. Además, añadía que esa es una manera de “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar (de las exautoridades)”.

En ese momento hubo reacciones de varios sectores que cuestionaron la decisión de Correa porque criticaban el uso de recursos públicos para ese objetivo.

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El decreto de ese entonces dictaba que, al cumplirse el periodo, el Estado debía emitir un informe de riesgo para evaluar si la protección se ampliaba por más tiempo. Es por eso que en mayo de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Ministerio de Defensa elaboró los informes para evaluar la seguridad de Correa y del exvicepresidente Jorge Glas, lo que determinó que el primero y sus familiares tenían un "bajo nivel de riesgo". Mientras que a Glas se le retiró la protección mientras estaba en la Cárcel 4, cumpliendo su pena privativa de libertad.

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A propósito del reciente edicto de Lasso, Correa reaccionó en su cuenta de X: "A mí, con brutal persecución recibida y alto riesgo que eso engendra, me quitaron toda seguridad".

Apenas se iniciaba en el cargo de Presidente de la República, Guillermo Lasso decidió reformar la protección y seguridad a expresidentes y exvicepresidentes, para que se especifique su vigencia únicamente dentro del país.

Incluso aseguró que esa decisión se tomaba porque "los recursos de los ecuatorianos se respetan", haciendo alusión a los costos que representa para el Estado generar una cápsula de seguridad en el exterior.

A solo dos años, Lasso cambió su postura radicalmente y ahora consta explícitamente que esa protección sea también en el extranjero.

Para la analista política Irene Velez, Lasso se topó con una realidad diferente al fin de su gestión. Cree que el Presidente tiene una "mala lectura de él mismo y de la realidad" porque cuando firmó el primer edicto, se sobreestimó, creyendo que no necesitaría salir del país cuando acabe su periodo.

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Además, la experta considera que al adoptar la medida a pocos días de dejar Carondelet, se puede considerar "un uso del poder para su beneficio personal" porque no hay un criterio técnico, por fuera del Ejecutivo, que determine si es necesaria o no la seguridad de las exautoridades.

El experto en Seguridad y Defensa, Daniel Pontón, explica que las exautoridades son personajes que necesitan resguardo por la naturaleza de decisiones que toman, en el más alto nivel, que pueden afectar a estructuras del crimen organizado. Por eso, hay la probabilidad de que se tomen represalias cuando salgan del puesto.

"Es un deber de los gobernantes velar por la seguridad de los exmandatarios", explica Pontón. La docente universitaria y experta en Inteligencia, Lorena Piedra, añade que el análisis de riesgo se debe hacer por cada personaje, considerando el tipo de acciones en las que se han visto involucrados durante su administración, por lo que no es cuestión de establecer un tiempo al azar.

Además, los expertos plantean que si el presidente entrante, Daniel Noboa, tomara una decisión populista y retirara el decreto, podría ser responsabilizado políticamente si algo le llegara a ocurrir a Lasso.

Piedra también explica que cuando una persona está en riesgo, sí se debe proteger a su círculo cercano, porque resulta más fácil para las mafias actuar contra un pariente que no tiene resguardo.

A lo anterior, Irene Vélez complementa que "en un decreto tan delicado deberían establecerse presupuestos", porque el Estado no puede ajustarse al estilo de vida que deseen mantener cada expresidente.

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