Consulta popular y Referéndum 2025 | Ecuador reabre debates de hace 28 años con las preguntas sobre bases extranjeras y una Constituyente

En la papeleta del 16 de noviembre de la consulta popular y referéndum, hay dos preguntas que devuelven al país a debates de hace 28 años. El casillero D, sobre una posible convocatoria a una Asamblea Constituyente, y la pregunta A, sobre la instalación de bases militares extranjeras.

De ganar la Constituyente, esta estaría integrada por 80 asambleístas elegidos por voto popular y redactarían la Constitución número 21 del Ecuador, que debería estar lista en diciembre de 2026. En Politicamente Correcto, tres analistas examinaron los posibles beneficios y riesgos de convocar una nueva Asamblea.

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Para Alexandra Vela, exministra de Gobierno y exconstituyente de 1998, el presidente Noboa no debería proponer una Asamblea sin explicar con claridad sus objetivos. “Es como llamar a todo un equipo a jugar un partido, pero nadie sabe si es de fútbol o de tenis”, dijo.

Sin embargo, Vela considera que, si se aprueba, la nueva Constituyente debería priorizar temas de nuevas economías, tecnología y garantizar los derechos del sector indígena. Aun así, advirtió que podría derivar en una Asamblea polarizada “entre correísmo y noboísmo, sin casi ninguna representación ciudadana real”.

El abogado y catedrático Carlos de Tomaso cree que sí es necesario buscar una nueva Constitución para fortalecer el modelo económico y los mecanismos de seguridad en un país que supera las siete mil muertes violentas.

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Tomaso recalcó, además que, por dictamen de la Corte Constitucional, la Constituyente deberá respetar todos los derechos y tratados internacionales vigentes, “así que la ciudadanía puede estar tranquila porque no habrá regresión de derechos”.

Del otro lado, el exjuez constitucional Ramiro Ávila considera innecesaria una nueva Carta Magna. Ávila advierte que Noboa busca modificar artículos que considera trabas para su gestión, como la justicia indígena o los derechos de la naturaleza.

“El Gobierno de Noboa ha gestionado mucho con la Constitución vigente. Dice que la economía creció y se han capturado delincuentes. ¿Para qué otra Constitución?”, dijo.

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En 1999, el Congreso y el gobierno de Jamil Mahuad autorizaron a Estados Unidos el uso de la base aérea de Manta para operaciones de interdicción contra el narcotráfico. Esa cooperación terminó en 2009, por la Constitución de Montecristi que prohibió las bases extranjeras.

Ahora, el presidente Daniel Noboa propone reabrir la posibilidad, argumentando que no se trata de soberanía nacional, sino de seguridad transnacional. Inicialmente mencionó cuatro posibles ubicaciones: Baltra, Manta, Salinas y la Amazonía, aunque luego descartó a las Islas Galápagos.

Según Alexandra Vela, Ecuador solo ha tenido una base extranjera y fue durante la Segunda Guerra Mundial, en Galápagos. “La base de Manta fue ecuatoriana; los pilotos estadounidenses solo dormían allí y siempre hubo control nacional”, explicó.

Pese a ello, Vela cree que la presencia de EE.UU. en Manta fue positiva en su momento. “Ahora, debido a la situación de inseguridad, tal vez muchos ecuatorianos apoyarían una base extranjera”.

Ramiro Ávila, en cambio, cree que el retorno de bases extranjeras no garantiza más seguridad. “Por ejemplo, Colombia tiene siete bases de Estados Unidos, pero la violencia y el narcotráfico no disminuyeron”, recordó.

Por su parte, Carlos de Tomaso defendió la idea de tener bases extranjeras de vuelta. El abogado señaló que cualquier instalación de una base extranjera debe primero pasar por un acuerdo internacional que regule sus acciones. “Con la situación actual, Ecuador no puede rechazar ayuda extranjera, venga de donde venga”, concluyó.

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