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29 nov 2022 , 14:41

Consulta popular: Lasso firma el decreto en el que ordena al CNE la organización del plebiscito

El jefe de Estado firmó el documento luego que la Corte Constitucional negó un último paquete de preguntas.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó este martes 29 de noviembre el Decreto Ejecutivo con el que dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizar la consulta popular, que coincidirá con las elecciones del 5 de febrero de 2023.

Una vez que la Corte Constitucional (CC) no dio paso a las últimas tres preguntas que el Ejecutivo pretendía incluir en el plebiscito, el jefe de Estado suscribió el decreto y expuso las ocho interrogantes que serán consultadas a la ciudadanía.

Las preguntas están relacionadas a la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados al crimen organizado, brindarle autonomía a la Fiscalía General del Estado, reducción del número de asambleístas, reducción del número de organizaciones políticas, restar facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cambiar el método para elegir a los vocales del CPCCS, creación de un subsistema de protección hídrica al Sistema de Áreas Protegidas y compensaciones por servicios ambientales.

Las ocho preguntas reformarán artículos de la Constitución.

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Imagen de archivo de la consulta popular de 2018.
Imagen de archivo de la consulta popular de 2018. ( )

No pasaron tres preguntas

El Gobierno Nacional esperaba el pronunciamiento de la CC sobre un paquete de tres preguntas que fue presentado el pasado 31 de octubre.

Luego de casi un mes el organismo resolvió que ninguna de las tres interrogantes pasaban. Éstas estaban relacionadas a temas de de seguridad e incentivos tributarios.

"De las tres preguntas entregadas, dos tienen que ver con la seguridad: la una para regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado, y la otra para calificar y tipificar el delito de extorsión" o las llamadas "vacunas", a las que los delincuentes someten a negocios privados, explicó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el 31 de octubre.

Esa propuesta de reforma legal implicaba que se sancione con siete y diez años de prisión a quienes cobren "vacunas", agregó el ministro.

La tercera pregunta estaba enfocada en "fortalecer el empleo" y planteaba crear un incentivo tributario para las empresas que cuenten con personas mayores a 45 años en su nómina.

La CC resolvió que los anexos de las preguntas sobre bienes decomisados e incentivos tributarios "se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta".

Y con respecto a la interrogante sobre las vacunas, señaló que "supera el control material, mas no el formal".

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