Consulta popular 2024 | Con las judicaturas constitucionales se busca frenar el uso indebido de garantías jurisdiccionales

Uno de los temas que también ha generado debate entre académicos y abogados, de cara a la consulta popular y referendo 2024, tiene que ver con la pregunta número dos, la cual propone la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda.

Para ello se debe enmendar la Carta Magna y reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con este cambio se busca frenar el abuso de las garantías constitucionales porque los casos son reiterados.

Por ejemplo -según los constitucionalistas- el del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, en 2022, a quien le concedieron un habeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi por orden del juez Diego Moscoso de Manglaralto, provincia de Santa Elena. En ese tiempo, las críticas se generaron porque el juez no era competente para otorgar ese habeas corpus e igual lo hizo pese a los fuertes cuestionamientos.

Y saltan otros nombres que se hicieron notorios ante la opinión pública como Banny Molina, Emerson Curipallo, Jhon Rodríguez, entre otros. Por eso, en 2023, la Fiscalía General difundió un comunicado en el que señalaba que durante la administración de Diana Salazar Méndez se emitieron 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura (CJ). Y que al menos 20 de esas denuncias corresponden a jueces.

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La idea es que las garantías sean tratadas, en primera instancia, por el juez constitucional especializado del lugar en donde se originó el acto u omisión y donde se producen sus efectos. Equivale a que se requerirían jueces en los 221 cantones del Ecuador.

Para abogados constitucionalistas, la propuesta es positiva pero se debe tomar en cuenta otros aspectos. Gustavo Chiriboga, catedrático de la Universidad SEK y Uniandes, manifestó que de ganar el SÍ en esa pregunta, se debe contar con los recursos económicos necesarios para implementar las nuevas unidades y su infraestructura.

Eso implica que, en cada cantón del país, se deberían implementar judicaturas especializadas en materia constitucional. En ese sentido se necesitaría tener más jueces, personal administrativo y recursos logísticos (Internet, inmobiliario, computadoras). "Si no hay dinero, me parece que es una propuesta que no va a tener un buen término" y más con la crisis económica que afronta el país en la actualidad.

Por eso -acota el experto- en la Carta Magna se entiende que todos los jueces conocen temas constitucionales y deben estar en la capacidad de entender los alcances de los derechos protegidos. "No es algo nuevo, aquello se conoce como el control difuso de constitucionalidad y lo tienen en otras naciones en donde todos los jueces están en la capacidad de garantizar los derechos previstos".

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La propuesta plantea la implementación de Salas Especializadas en materia Constitucional en las Cortes Provinciales de Justicia, para segunda instancia. De ganar el SÍ en la Consulta Popular del 21 de abril, correrá un año de plazo para su aplicación. También deberán reformarse ocho artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Chiriboga considera que ese es el periodo de tiempo que se requiere, al menos, para aplicar la reforma. Primero debe haber reformas legales y el Consejo de la Judicatura debe abrir un concurso para la designación de los jueces constitucionales, también crear los juzgados con los recursos humanos y logísticos que necesiten.

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