La Comisión de la Niñez comenzó con la fiscalización de acciones estatales ante casos de violencia sexual a menores de edad

El proceso de fiscalización sobre la acción estatal frente a casos de violencia sexual institucional comenzó el 28 de julio en la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. La idea fue planteada por la presidenta de la mesa, Viviana Veloz, y respalda por cinco de sus colegas.

Junto con la propuesta realizada el 14 de julio, la legisladora explicó que el objetivo es que entidades estatales expongan "qué acciones han tomado para prevenir, erradicar y sancionar la violencia institucional, la violencia clerical, que se ha vuelto una constante en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes en este país".

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El 28 de julio, la comisión recibió las comparecencias de representantes de las principales entidades del sistema de justicia y protección: Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y de la Defensoría del Pueblo.

En Ecuador, ocho niños y niñas son abusados sexualmente cada hora, mientras que de enero de 2014 hasta abril de 2024, se registraron 972 embarazos producto de la violencia sexual: sí lo expuso previamente Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar.

Al respecto, los representantes de las principales entidades estatales señalaron que las acciones para combatir esta realidad se fortalecen.

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Gina Gómez, del Consejo de la Judicatura, informó que hoy cuentan con 114 jueces especializados, en 39 unidades judiciales. Además, se utilizan herramientas para proteger a las víctimas, como la Cámara de Gesell. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos, como la falta de presupuesto y 90 vacantes judiciales, que limitan la capacidad del sistema.

Una situación similar se vive en la Fiscalía; Alejandro Baño alertó sobre el déficit de 621 fiscales a escala nacional. Pese a ello, destacó la implementación de canales de denuncia en línea y la capacitación de 9 000 funcionarios en atención con enfoque de género, interseccional e intergeneracional, que brinda acompañamiento técnico e interdisciplinario a víctimas.

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Desde la Defensoría del Pueblo, se presentaron los hallazgos preliminares de una investigación que abarcó el período 2018–2023, tras los hallazgos de la Comisión Ampetra. La investigación identificó falta de información sistematizada y vacíos en la protección integral, incluyendo ámbitos como cultura, deporte y religión.