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Caso Triple A | Fiscalía pide que Aquiles Álvarez y otros sean llamados a juicio
Según Fiscalía, habría un perjuicio económico de más de USD 61 millones correspondiente a casi 23 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
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Aquiles Álvarez en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito el 13 de junio del 2025.( )
La Fiscalía concluyó la tarde de este sábado 21 de junio con su dictamen acusatorio y pidió que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, otras 15 personas, al igual que seis empresas, sean llamadas a juicio en el caso por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustible en el caso Triple A.
La audiencia preparatoria de juicio continuará el domingo 22 de junio desde las 09:00 para que Fiscalía continúe con la práctica de la prueba. El juez Renán Andrade tiene la última palabra para determinar si los procesados van a o no a juicio.
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El Ministerio Público dijo que presentó más de 250 elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal.
El fiscal del caso relató que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinadora Zonal de Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, en la que se puso en conocimiento la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
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Según sus datos, habría un perjuicio económico de más de USD 61 millones correspondiente a casi 23 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
"La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras, en decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado.
Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotriz no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos. Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías", explicó Fiscalía.
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