20 ene 2025 , 15:43

Augusto Verduga, consejero del Cpccs, presentó una recusación en el caso Liga Azul y el veredicto final se posterga

La recusación provoca que el desenlace del caso Liga Azul se demore aún más.

   

El consejero del Cpccs, Augusto Verduga, presentó una recusación en contra de la conjueza ocasional del TCE, Ana Isabel Abril Olivo, quien se conoce iba a integrar el Pleno de la entidad para conocer en última instancia el caso Liga Azul, el cual puede derivar en su destitución y la de otros tres consejeros afines al correísmo.

Mónica Jaramillo, una de las abogadas denunciantes en este caso, señaló que la conjueza Abril fue seleccionada para completar el Pleno del TCE, después de que el magistrado Roosevelt Cedeño fuera apartado por una recusación planteada por Vielka Párraga, una de las denunciadas.

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El caso Liga Azul entraba a su recta final. Según Jaramillo, había un plazo hasta el 26 de enero para que el Pleno emita un fallo final. Ella, junto a los otros dos denunciantes, Santiago Becdach y Pamela Troya, esperan que se ratifique el veredicto de primera instancia. Esto es la destitución de cuatro consejeros del Cpccs afines al correísmo y autodenominados como de la Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, por haber realizado campaña con la Revolución Ciudadana.

Para Jaramillo, la recusación de Augusto Verduga "es un acto desesperado" para evitar su posible destitución "porque ahora la causa se retrasa" hasta que se resuelva la queja.

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¿Por qué Verduga recusó a la conjueza?

Para sostener su recusación, Verduga expone que Ana Abril fue la asambleísta alterna del legislador Fabricio Villamar, quien el 10 de mayo de 2021 fue destituido por el Pleno de la Asamblea.

Según el consejero afín al correísmo, ese mismo día Ana Abril se principalizó en reemplazo de Villamar y concluyó su periodo el 14 de mayo del 2021.

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Esta es la raíz de la recusación, pues Verduga sostiene que Ana Abril no podía ser conjueza, porque una de las prohibiciones del proceso de selección era no haber sido candidatos a dignidades de elección popular en los últimos cinco años. Ese plazo, dice, concluye en 2026.

Incluso agrega que la funcionaria mintió para ingresar al TCE y la denunció en Fiscalía por presunto perjurio, pues "firmó una declaración juramentada en la que indicó que no había sido candidata a un cargo de elección popular en los últimos cinco años".

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