La Asamblea Nacional decidirá sobre la Ley Orgánica de Inteligencia, este martes 10 de junio

Ecuador debate su primera ley orgánica de inteligencia y este martes el pleno de la Asamblea decidirá su contenido. El presidente Niels Olsen convocó a los 151 legisladores para el segundo debate de un proyecto de 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria, cuatro derogatorias, y una disposición final.

Regula el Sistema Nacional de Inteligencia, contrainteligencia, los subsistemas de la fuerza pública y otras entidades del estado.

Otorga el máximo poder del sistema al Director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), que será designado por el Presidente de la República, con rango de ministro, y responsable de la integración de siete subsistemas:

El director del CIES, tendrá 20 atribuciones, designará y evaluará a los agentes. Para protegerlos el Registro Civil les otorgará documentos con nueva identidad para el ejercicio de sus funciones.

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Este proyecto de ley fue heredado de la anterior legislatura y recoge propuestas de años atrás. En el primer debate, el correísta Gerardo Machado cuestionó el proyecto, dijo que permite interceptar y revisar correspondencias sin orden judicial.

Y la semana pasada, las Fuerzas Armadas y la Policía presentaron observaciones a los artículos 10, 12, 20 y 52, relacionados con las atribuciones del CIES para la designación de los agentes, realizar interceptaciones, y otros requerimientos.

Por ejemplo, el artículo 52, por razones de seguridad del Estado, el director del CIES podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones, que la fuerza pública considera que puede generar problemas legales.

Las operadoras de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar la información histórica, en tiempo real, de comunicaciones y conexiones de los abonados que requiera el sistema de inteligencia y contrainteligencia.

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Según el proyecto, el director del CIES, estará sujeto a control político de la Asamblea y deberá rendir cuentas ante la Comisión de seguridad cada tres meses.

Manejará fondos permanentes de gastos espaciales auditados por la Contraloría, será público el monto, pero no las asignaciones que serán las clasificadas como reservadas.