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La Asamblea rechaza la creación de un grupo parlamentario correísta que investigará las protestas
En un comunicado oficial, el Legislativo subrayó que dicho frente carece de reconocimiento legal.
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Imagen de archivo del edificio del Parlamento, en Quito. ( )
La Asamblea Nacional rechazó la conformación del denominado 'Frente Parlamentario por los Derechos Humanos', constituido este jueves 16 de octubre por 17 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Según anunciaron sus integrantes, el grupo busca investigar "las denuncias de graves violaciones de derechos humanos" registradas durante los 24 días de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa.
En un comunicado oficial, el Legislativo subrayó que dicho frente carece de reconocimiento legal y no cuenta con el aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), "órgano encargado de autorizar la creación de grupos dentro del Parlamento".
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"El denominado Frente Parlamentario no ha cumplido con los procedimientos requeridos ni ha sido aprobado por el CAL", precisó la Asamblea, que además advirtió que cualquier pronunciamiento o actuación de esa agrupación carece de validez institucional.
El colectivo está integrado por los asambleístas Verónica Íñiguez, Viviana Veloz, Fernando Cedeño, Roque Ordóñez, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Paola Cabezas, Gustavo Mateus, Luis Fernando Molina, Jaime Estrada, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Héctor Rodríguez, Gabriela Molina, Comps Córdova, Héctor Valladares y Cristina Jácome.
Los legisladores informaron que su propósito será investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y articular mecanismos de acompañamiento junto a organizaciones nacionales e internacionales en favor de las víctimas. También aspiran a "fortalecer los vínculos de solidaridad interparlamentaria internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos en Ecuador".
La creación de este frente se da tras la crisis social que vivió el país durante 24 días.
El Gobierno Nacional alcanzó este miércoles 15 de octubre una tregua con los dirigentes indígenas que lideraban las movilizaciones en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas. Sin embargo, varios sectores comunitarios no reconocen el acuerdo y mantienen bloqueos en las vías, tras la muerte de un segundo manifestante presuntamente por disparos de las fuerzas estatales.
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Tras casi un mes de protestas, los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública dejaron dos fallecidos, cerca de 350 heridos y más de 170 detenciones, de las cuales una veintena enfrenta prisión preventiva bajo cargos de terrorismo formulados por la Fiscalía.
El representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades ecuatorianas a investigar de manera "célere y transparente" los fallecimientos y a garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como el cumplimiento de las normas internacionales en la actuación de las fuerzas de seguridad.
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