Algunos ediles expusieron las acusaciones, que fueron presentadas en la Contraloría General del Estado y Fiscalía.
Las denuncias en contra de Santiago Guarderas indican que habría violado la Ley de la Consulta Popular de 2017, en la que se estableció que quien se candidatice a un cargo de elección popular a través de elecciones no debe tener acciones ni ser socio en países que para ecuador son paraísos fiscales.
En la reunión del Concejo, algunos ediles expusieron las acusaciones, que fueron presentadas en la Contraloría General del Estado y Fiscalía.
Lo que se investiga es si Guarderas ha sido socio de una compañía dedicada a temas inmobiliarios en Panamá. Frente a esta acusación, el alcalde se defendió. “No tengo acciones offshore, he cumplido la Ley", “Todo esto saldrá a la luz ante los órganos competentes, ante la Contraloría y la Fiscalía, esos son los órganos para juzgar y ahí es donde voy a responder y no aquí en el Concejo, frente a algunos intereses”, dijo ante el Consejo.
El concejal Luis Reina, mocionó para que se incorpore en el punto 4 del orden del día la conformación de una comisión que investigue las denuncias presentadas en la Fiscalía y Contraloría del Estado relacionadas con una supuesta empresa offshore en la cual Guarderas tendría acciones.
Con 11 votos en contra, 6 a favor y cuatro abstenciones, el Concejo Metropolitano de Quito negó la creación de una comisión, aduciendo que la Contraloría y Fiscalía son los organismos encargados de efectuar esas indagaciones.
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