Montaño: “el Estado debe vender acciones de compañías y de medios de comunicación”

La asambleísta por el movimiento CREO, Mae Montaño, habló sobre el proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, y cuyo segundo debate se realizará hoy en la Asamblea. 

Al respecto, señaló que cerrar la crisis bancaria es necesario, y que esta ley permite resolver aquello que las instancias estatales no pudieron hacer, ya que “la recuperación de los bienes de la llamada banca cerrada es apenas del 28%”.

La legisladora explicó que un total de 5.148 millones de dólares se debió recuperar, esta cartera se divide en deudores vinculados con un monto de USD 2.455 millones, y los no vinculados (llamados 'de buena fe'), que son 2.825, con un monto de USD 2.693 millones. De esto, la deuda de capital es de USD 840 millones, los intereses son de USD 227 millone y la deuda por mora, USD 1.543 millones, “por eso se tornó imposible pagarla”.

Montaño resaltó dos beneficios muy claros del proyecto de Ley: pagarles a las verdaderas víctimas del feriado bancario, que durante 15 años no han recibido sus dineros; y permitir a los deudores de buena fe mecanismos para saldar sus deudas con dignidad, pero “la Ley no tiene que significar, desde ningún punto de vista, impunidad para los verdaderos responsables de la crisis bancaria, ni para los deudores vinculados”. 

No obstante, señaló varios vacíos en el texto, como analizar lo que ocurre con los intereses de mora, y determinar algo que no ha sido contemplado: que el Estado debe poner a la venta acciones de compañía y los medios de comunicación.

“Cerrar la crisis debe significar dar un paso adelante, olvidar el discurso politiquero y que sataniza a un grupo de personas porque desempeña una actividad necesaria para la vida económica y financiera del país”, dijo la asambleísta.

Finalmente, sostuvo que en este segundo debate aún hay cosas que deben modificarse, por ejemplo, para hacer efectivas las acreencias, “se ha puesto un plazo de 180 días, pero pensamos que debe ser de un año”. Asimismo, “planteamos que los acreedores deben recibir el 100% de esos valores, pero se ha establecido un techo de hasta 75 mil dólares y que se daría la posibilidad de dar el dinero hasta el 93% de los acreedores, o sea que el 7% perderá en conjunto como 15 millones de dólares que el Estado no reconocerá”.

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