El buque que chocó contra puente de Santay destruyó 50 metros de baranda y dañó losa

La colisión de una embarcación atunera de 63 metros contra el puente basculante que conecta Guayaquil con la Isla Santay (Durán) volvió a poner en evidencia la fragilidad de esta infraestructura y la falta de claridad sobre su mantenimiento.

El impacto, ocurrido la tarde de este jueves 13 de noviembre, destruyó cerca de 50 metros de baranda y causó daños en la losa de hormigón por donde circulan peatones y ciclistas.

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Un día después del incidente, este viernes 14 de noviembre, oficiales de la Armada del Ecuador, técnicos del Municipio de Guayaquil y otros equipos especializados continuaban con las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

De acuerdo con las primeras verificaciones, la nave involucrada no tenía permiso de zarpe: había salido de un muelle cercano y se dirigía a un astillero, pero terminó incrustada en la estructura poco después de iniciar su desplazamiento. El incidente no dejó heridos y la embarcación fue trasladada por un remolcador.

El tráfico fluvial en la zona es frecuente. A diario, un promedio de 30 embarcaciones —entre gabarras, lanchas de pasajeros, naves de carga y turismo— cruzan por ese tramo del río, donde ya se han registrado varios accidentes similares. En 2021, un buque de la Marina de Brasil colisionó contra el puente.

Del otro lado de Santay, hay otro puente basculante que conectaba la isla con Durán, pero este no funciona. Sus dos compuertas están alzadas y deterioradas.

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Los puentes hacia Santay fueron inaugurados en 2014, durante el Gobierno de Rafael Correa, como parte de un proyecto de regeneración que incluyó la transformación de la aldea de la isla. Una década después, esa aldea luce abandonada y los puentes acumulan daños recurrentes sin que exista una autoridad que asuma claramente su mantenimiento.

Ante la pregunta clave —¿quién debe hacerse cargo del puente?—, la respuesta sigue siendo un vacío. Ecuavisa consultó al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), al Ministerio de Ambiente y Energía, a Astinave, a la Subsecretaría de Puertos y a la Prefectura del Guayas. Todas estas instituciones coincidieron en lo mismo: no es su responsabilidad.