El Municipio de Guayaquil enfrenta denuncias por presuntas irregularidades en compra de chalecos y cascos para agentes

La compra de chalecos antibalas y cascos de protección para los agentes de control municipal de Guayaquil está en el centro de una controversia. Denuncias apuntan a presuntas prácticas de competencia desleal por parte de la empresa adjudicada y cuestionan la certificación internacional del fabricante chino de los equipos adquiridos. Ante estos señalamientos, el alcalde Aquiles Álvarez reveló que el Municipio presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría General del Estado (CGE).

El proceso de adquisición inició con la publicación del concurso en el Portal de Compras Públicas el 18 de julio de 2024. Menos de dos meses después, el 16 de septiembre, se adjudicó el contrato a la empresa Security Depot, domiciliada en Quito.

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El monto final de la adjudicación fue de USD 288 000, apenas la mitad del presupuesto referencial de USD 584 140. Esta reducción significativa en costos motivó a un oferente no seleccionado a presentar una denuncia de inconformidad el 31 de diciembre pasado.

El denunciante sostiene que los 1 050 chalecos antibalas, cuyo precio referencial era de USD 537 por unidad, fueron adquiridos a USD 260, es decir, menos de la mitad del valor estimado. De igual manera, los 50 cascos de protección balística, cuyo precio de mercado ronda los USD 401, fueron comprados a USD 300, un 25 % menos. Según la denuncia, estos valores serían insostenibles y podrían configurar una práctica desleal de competencia.

Álvarez defendió la transparencia del proceso y aseguró que la empresa adjudicada presentó la mejor oferta económica en una subasta inversa electrónica. "No es un proceso improvisado ni al azar. Se adjudicó el contrato a la empresa con la mejor oferta económica, conforme lo establece la norma", afirmó en un video publicado en redes sociales.

Sin embargo, otro cuestionamiento se centra en la empresa que suministró los chalecos y cascos a Security Depot. Al ser de origen chino, esta compañía estaría restringida por Estados Unidos para exportar productos defensivos, lo que le impediría contar con la certificación estadounidense NIJ, un requisito internacional para comercializar estos equipos en Ecuador.

Segura EP, la empresa municipal encargada de la compra, admitió que inicialmente la compañía china figuraba en la base de datos de la certificación NIJ. No obstante, debido a cambios en normativas internacionales, su registro ahora aparece "inactivo", aunque según la entidad, mantiene validez técnica.

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El alcalde reforzó este punto señalando que los chalecos fueron sometidos a pruebas de resistencia balística en laboratorios nacionales. "Las pruebas se realizaron en el laboratorio de la empresa pública Santa Bárbara, del Gobierno Central. Si se demuestra que hubo falsificación de documentos, esperamos que los responsables reciban todo el peso de la ley", advirtió.

Mientras tanto, Ecuavisa conoció que el Municipio aún no ha realizado el pago completo por los equipos, aunque no se ha informado cuánto ha sido desembolsado hasta el momento. La empresa adjudicada no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.