02 sep 2022 , 13:03

Más de 700 policías y militares intervienen Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil

Policías y militares también borrarán imágenes relacionadas a Los Lobos y Los Tiguerones.

Más de 700 policías y militares ingresaron este viernes 2 de septiembre a Socio Vivienda 2, un asentamiento ubicado en el noroeste de Guayaquil, para retomar el control de la zona, considerada una de las más peligrosas de la ciudad y donde han existido varias balaceras esta semana.

La fuerza pública entró con maquinaria del Cabildo porteño para destruir varios reductores de velocidades "construidos de manera ilegal", según detalló el coronel de la Policía Nacional, Diego Hidalgo, quien es jefe del Distrito Nueva Prosperina.

"Los rompe velocidades impiden la labor del personal policial al momento de los desplazamientos durante la persecuciones", detalló el oficial.

"El operativo está encaminado a la recuperación del espacio público", dijo Hidalgo a Radio Vigía.

Solo esta semana existieron al menos tres balaceras consecutivas en Socio Vivienda 1. La noche del 31 de agosto, integrantes de bandas criminales rivales se enfrentaron a bala, en las calles, incluso usando fusiles.

Los gatilleros también dispararon contra la policía. Tras un operativo, los uniformados lograron detener a nueve personas, uno de los aprehendidos murió y otro resultó herido.

Hidalgo detalló que hoy ingresaron 150 policías y 640 militares a Socio Vivienda 2. Personal de grupos élite de la Policía también participan en este operativo.

Militares acompañan a la policía en esta intervención en Socio Vivienda.
Militares acompañan a la policía en esta intervención en Socio Vivienda. ( )

En la zona están ejecutando controles a vehículos y viviendas, revisan a personas, y decomisan armas de fuego y droga.

Asimismo, la fuerza pública buscará borrar pinturas con imágenes de grupos delictivos. Hay paredes de viviendas con figuras de lobos y tigres. La zona es disputada por integrantes de las bandas criminales Los Lobos y Los Tiguerones.

Guayaquil, así como Durán y Samborondón, están bajo estado de excepción desde el pasado 14 de agosto. La medida busca reducir los índices de criminalidad y supone mayor presencia policial y militar en las calles.

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