Las personas refugiadas y migrantes en Ecuador aún presentan limitaciones para acceder a derechos básicos

En medio de un contexto socioeconómico complejo, pero con avances en indicadores de educación, documentación y alimentos, la quinta ronda de evaluaciones conjuntas de necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) revela que en Ecuador aún hay barreras de acceso a derechos básicos para facilitar su integración local.

Con un informe, basado en 2 541 encuestas realizadas en 23 provincias y 106 cantones del país que representan a 9 635 personas, concluye que una de cada cuatro personas en movilidad humana encuestadas en Ecuador tienen un título de educación superior, y el 80 por ciento de la población en edad de trabajar es económicamente activa, de las cuales el 76 por ciento tiene algún tipo de empleo.

Adicionalmente, casi el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en las familias encuestadas asisten a la escuela, y un 96 por ciento desean o tienen planeado permanecer en el país para el próximo año.

Voceros de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en Ecuador, y colíderes del GTRM, mencionaron que se debe facilitar el acceso a oportunidades para que las mismas personas en movilidad humana puedan generar ingresos sostenibles.

Esto, dicen, resultará en una integración más rápida y, a la larga, que les permita aportar significativamente a la economía del país.

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De acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ecuador es hogar del cuarto número más alto de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que se quedan en Latinoamérica.

Para ellos, el proceso de registro y regularización ha mejorado y lo consideran como una de las oportunidades clave para quedarse en el país. Por ello, más de 201 mil personas tienen un registro de permanencia y más 71 mil se han regularizado hasta el 11 de septiembre, un proceso que es continúo.

Con un estatus regular, se espera que miles de personas puedan mejorar y fortalecer sus planes de vida y los de sus familias. Sin embargo, en el contexto socioeconómico, los encuestados expresan que aún tienen que enfrentar barreras críticas para su integración.

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El informe también explica que por cuarto año, el acceso a alimentación sigue siendo la principal necesidad, pese a una ligera disminución con respecto al 2022.

Dos de cada tres personas que fueron entrevistadas en estos grupos confesaron no tener acceso a alimentación completa y suficiente. Esta afectación es mayor en las familias que tienen niños y niñas.

El alojamiento, el empleo y los servicios médicos siguen estando en las cuatro primeras necesidades dentro del ranking de las dificultades más importante de las personas, registrando un aumento del número de familias con estas necesidades si se compara con el 2022.

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Además, el experto manifestó que se requiere de acciones sostenidas para cerrar brechas de desigualdad que permitan tanto a personas refugiadas y migrantes como de las comunidades de acogida prosperar oportunamente.

En las cifras de empleo, al revisar el porcentaje de personas encuestadas, se encontró que tres de cuatro de los consultados respondieron que tienen un trabajo, pero el 96 por ciento ejerce el empleo informal, aumentando el nivel de precariedad en las familias.

Además, el desempleo afecta en su mayoría a las mujeres, quienes en un 31 por ciento son desempleadas, frente a una tasa de desempleo de hombres que es de un 16 por ciento.

En cuanto a vivienda y alojamiento, la mayoría de las familias encuestadas viven en una casa o departamento arrendado, pagando mensualmente alrededor de USD 130. En un grupo familiar de hasta cuatro personas, este gasto representa al menos el 50 por ciento del ingreso mensual promedio.

A pesar de un importante incremento sostenido en el acceso a educación para niños, niñas y adolescentes, las familias mencionan estar preocupadas sobre los peligros que pueden enfrentar en el trayecto a la escuela.

Además, el 46 por ciento de las personas encuestadas mencionan haber percibido un aumento en la inseguridad y violencia.

En este contexto, las personas refugiadas y migrantes siguen siendo objeto de generalizaciones negativas, reflejadas en el aumento de la xenofobia que ha aumentado al menos cuatro puntos con respecto al año anterior.

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El informe revela también que, para satisfacer las necesidades más críticas, el 87 por ciento de las familias ha tenido que recurrir a distintos tipos de estrategias.

En su mayoría, las familias mencionaron haber pedido dinero prestado, aumentar horas de trabajo, gastar ahorros, vender bienes o suspender el pago del arriendo, y pedir en la calle, entre otras.

Esta es la quinta ronda de evaluación de necesidades desarrollada por el GTRM que se basa en encuestas específicas hechas a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que reciben asistencia durante el periodo de captación de datos.

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